Entre las múltiples prácticas que vienen proliferando en los últimos años, prácticas fraudulentas, han cobrado especial importancia las denominadas “falsas cooperativas de trabajo asociado”, que junto con otros fenómenos como las empresas buzón, constituyen uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la actividad de transporte por carretera.
Ante la aparente pasividad de administraciones, empresas y muchas asociaciones profesionales, es precisamente una de ellas, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) quien ha decidido tomar cartas en el asunto, lanzando una nueva campaña contra las falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector del transporte. Tradime, una organización que ya fue noticia hace unos meses por abanderar otra campaña contra el dumping social, quiere poner de relieve con esta nueva iniciativa el aumento de “nuevas malas praxis en el transporte”, entre las que ha cobrado una importancia creciente el “uso fraudulento de las cooperativas de trabajo asociado con el fin de esquivar las exigencias legales y enriquecerse a costa de los cooperativistas”.
Esta campaña de concienciación y denuncia se llevará a cabo a través de las redes sociales en las que explican este problema. Asimismo, en las próximas semanas, se iniciará una ronda de reuniones con administraciones y entidades empresariales para trasladar su preocupación sobre este asunto y plantear un mayor control e inspecciones a este tipo de cooperativas.
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De socios cooperativistas a falsos autónomos
El problema de las Cooperativas de Trabajo Asociado en el sector del transporte, según denuncia Tradime, se produce cuando “éstas se utilizan para esquivar las exigencias legales que supone el acceso a la profesión”. En esta utilización fraudulenta de este tipo de cooperativas, las tarjetas de transporte y el título de transportista los posee la propia cooperativa, como persona jurídica, y no los socios trabajadores. Tampoco disponen los socios de vehículo propio, sino que pagan un alquiler a la propia cooperativa. Además, en esta mala praxis, la cooperativa insta a los socios trabajadores a darse de alta como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). “Estas cooperativas denuncia Santiago López-Montenegro, presidente de Tradime además de no realizar actividad cooperativizada alguna, abusan de sus socios por varias vías, pidiendo una suma importante de capital inicial al que hay que sumar la cuota mensual en concepto de gestiones administrativas, unido al alquiler de los vehículos, los seguros, el combustible… Todo ello da lugar a unas condiciones laborales inferiores a las que les correspondería a los conductores por cuenta ajena, mientras que los dueños de las cooperativas sacan beneficios. Es por ello que esta práctica genera un claro caso de dumping social (competencia desleal)”.
Las empresas buzón y este tipo de cooperativas tienen en común que muchos de esos conductores cooperativistas son provenientes de terceros países donde es posible comprar el permiso de conducir, el certificado de aptitud profesional (CAP), etc. “Es conocido que por 2.000 euros se “consigue” carnet de conducir, CAP y Transporte de Mercancías Peligrosas (ADR) anterior al 19 de enero de 2013, fecha a partir de la cual no se convalida el permiso de conducir extranjero a ciudadanos residentes en España”, afirma López-Montegro.
No sólo concienciación
La campaña emprendida por esta asociación no sólo trata de concienciar sobre un problema que amenaza con cambiar las reglas del juego “legal” en el transporte en España. Desde Tradime, actualmente hay investigadas más de cinco cooperativas que desarrollan su trabajo en Aragón. Hay también detectadas cuatro sociedades limitadas de alquiler de vehículos con claras vinculaciones con dichas cooperativas. Los operadores de transporte son variados, pero es vox populi cuáles de ellos sub-contratan a estas cooperativas para realizar sus servicios.
Pese a que desde la asociación son conscientes de que no es sencillo demostrar los hechos que sustentan el fraude de ley, pues debe existir prueba de que se actúa fuera de la ley, desde Tradime Aragón señalan los puntos en los que la inspección debería incidir:
• Mayor control de las Cooperativas de Trabajo Asociado a través de la Inspección Laboral y la Inspección de Transporte, puesto que por fraude de ley no se puede considerar que la relación societaria lo sea. No obstante, “debe entenderse como relación laboral y, desde el punto de vista de la legislación de transportes, no se cumplen ni las obligaciones fiscales ni sociales, por lo que es susceptible de sanción”.
• Mayor persecución a los “falsos autónomos”. “Las Cooperativas de Trabajo Asociado son el refugio ideal para falsos autónomos carentes de la titulación necesaria para ser transportista. Dada la limitada formación de los socios cooperativistas es el “paraíso” de la esclavitud moderna”.
LAS TRES PATAS DEL FRAUDE
Para llevar a cabo este aprovechamiento fraudulento de las Cooperativas de Trabajo Asociado se necesitan tres organizaciones: • Una sociedad mercantil dedicada al alquiler de vehículos y que pertenece a los socios A y B. • Una Cooperativa de Trabajo Asociado en la que presidente y gerente son personas vinculadas a los socios A y B de la compañía de alquiler de vehículos. • Un operador de transporte que subcontrata a la cooperativa parte de sus servicios y proveerá de trabajo a los camiones. El funcionamiento habitual de estas cooperativas fraudulentas es el siguiente: • La sociedad mercantil posee camiones. • La sociedad mercantil alquila los camiones a la Cooperativa. • Los vehículos, a efectos de Fomento, están a nombre de la Cooperativa. • La Cooperativa provee a estos camiones de la Autorización de Transporte. • La Cooperativa y el cooperativista (socio) celebran un contrato privado mediante el cual, el socio se hace responsable del camión pagando una cantidad mensual en concepto de alquiler. • El socio cooperativista recibe una hoja de salario, exenta de retenciones de Seguridad Social e IRPF, puesto que están cotizando en régimen de autónomos. • La Cooperativa provee al socio de servicios de asesoría, de tarjetas de combustible, de servicios de localización, etc. • La Cooperativa se lleva a resultado 0 cada ejercicio. Los beneficios se trasladan a la empresa de alquiler cuyos propietarios están vinculados con los dirigentes de la cooperativa. Esto se hace jugando con la factura que la sociedad emite por el alquiler de los vehículos. • El control siempre es del presidente y gerente de la Cooperativa que se encargan de la facturación y de la liquidación mensual con los socios. • El control económico de la Cooperativa siempre está en manos de A y B, mientras la responsabilidad pesa sobre los socios cooperativistas. Es decir, si se lleva a pérdidas la Cooperativa, los responsables serían los socios. • Finalmente, el operador de transporte se aprovecha de todas estas circunstancias de precaridad mediante servicios muy baratos, muy por debajo de un mercado normal, que los socios cooperativistas no tienen más remedio que aceptar. |
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NO TODAS SON FRAUDULENTAS
En esencia, la Cooperativa de Transporte es la figura que se utiliza en el sector para agrupar diversas empresas de transporte, tanto personas físicas como personas jurídicas. En su funcionamiento “legal”, las cooperativas de transportistas deben contratar la prestación de los servicios de transporte en nombre propio, de la misma forma que lo hace por ejemplo una agencia de transportes, debiendo ser efectuados en todo caso sin más excepciones por alguno de sus socios que cuente con el correspondiente título administrativo que habilite para esta prestación. Así, los socios de la cooperativa son titulares de sus propios vehículos y cada uno de ellos cuenta con su tarjeta de transporte y su título de capacitación profesional para ejercer de transportista.
En este tipo de cooperativa los socios son empresarios y pueden facturar directamente a la cooperativa o a los clientes para los que trabajan, si así lo recogen los estatutos.
Un paso más allá, desde hace algunos años han empezado a aparecer en España las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. Aquí, los miembros de la cooperativa son socios y trabajadores al mismo tiempo, por tanto, la relación con la cooperativa es societaria. En este caso, el socio no es empresario si no que es un socio trabajador, cobra por rendimientos del trabajo. Por tanto, en este tipo de cooperativas, la facturación la gestiona la propia cooperativa y, al finalizar el trabajo, es la cooperativa la que abona la parte correspondiente al trabajador una vez deducidos los costes de la cooperativa y los impuestos (costes de la Seguridad Social, el IRPF, Impuesto de Sociedades).
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