El Congreso pide al Gobierno la jubilación anticipada de los conductores profesionales a los 60 años

En pleno enfrentamiento entre los sindicatos que junto a la patronal de transportes han firmado un frente común para presentar la propuesta de coeficientes reductores para  la jubilación anticipada de los profesionales del transporte de mercancías por carretera,  el Pleno del Congreso se adelanta, gracias a la iniciativa parlamentaria de Esquerra Republicana (ERC) que el pasado  jueves instaba  al Gobierno a establecer la jubilación de los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera a los 60 años, con la posibilidad de hacerlo a los 58 mediante coeficientes reductores.

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Esta iniciativa parte  de una interpelación urgente que el grupo dirigió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La medida  ha salido adelante pese a  la abstención de PSOE, Sumar, PP y Vox, ya que Bildu, Podemos, BNG, UPN, Coalición Canaria y Junts han votado a favor.

Paralizaciones obligatorias a partir de una hora

La iniciativa incluye otra serie de peticiones la Gobierno de gran trascendencia para el sector, algunas de ellas ya recogidas en el ordenamiento, pero que se incumplen sistemáticamente, como  la cláusula obligatoria en los contratos de transporte que garantice indemnización por paralización a partir de la primera hora de espera en las cargas y descarga,  así como imponer un plazo máximo de pago de 30 días desde la fecha de factura, sin posibilidad de pactos que lo extiendan.

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En esta misma línea va la petición de la Cámara que  urge a impedir que los conductores realicen labores de carga y descarga, eliminando la posibilidad de pactos en contra.

Enfermedades profesionales y control de la competencia desleal

Los grupos que han secundado esta  iniciativa también urgen al Ejecutivo a   realizar las modificaciones necesarias en el cuadro de enfermedades profesionales y demás normativa en materia laboral y de Seguridad Social para garantizar que todos aquellos accidentes y enfermedades relacionados con las jornadas de trabajo de los transportistas sean reconocidos como derivados de contingencias profesionales.

En el capítulo de la seguridad de los conductores recogen una petición para garantizar la vigilancia en los polígonos y áreas de servicios para prevenir robos a camiones y mercancías, así como  habilitar áreas cómodas y adecuadas en los centros de carga y descarga que incluyan zonas de descanso.

Por otro lado, respecto al control de la competencia desleal  piden al Gobierno  aumentar la inspección para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente sobre cabotaje y regular y sancionar a las grandes empresas que tributan fuera del Estado (lo que se conoce como deslocalización empresarial) para evitar que operen con ventajas "injustas".