Desde los sindicatos CCOO y UGT hay convocada una manifestación para el próximo día 7 de junio y desde diversos grupos políticos se pide extender los “coeficientes reductores” para la jubilación anticipada también a los profesionales del transporte.
El debate sobre la posible jubilación anticipada de los conductores profesionales que se dedican al transporte de mercancías por carretera , pese a no estar en la agenda del Gobierno, sí que está presente en muchos ámbitos del sector, desde sindicatos y organizaciones sectoriales, hasta diversos partidos políticos.
Esta semana, además, ha vuelto a situarse de actualidad, por cierto agravio comparativo ya que este miércoles 25 tuvo lugar en el Senado el debate y aprobación de la Moción Parlamentaria promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno para que el colectivo de bomberos forestales, compuesto por más de 25.000 profesionales en toda España, pueda beneficiarse de unas condiciones de acceso a la pensión de jubilación que atiendan a las particularidades su actividad profesional.
Cabe recordar que ya en la actualidad son varios los colectivos que se benefician de la posibilidad de acogerse a una jubilación anticipada mediante la aplicación de los denominados “coeficientes reductores” en atención al carácter penoso y peligroso de dicha actividad, como es el caso del personal de vuelo, trabajadores de la minería, policías y bomberos, trabajadores ferroviarios y hasta los toreros y artistas.
A este respecto, desde CCOO y UGT han convocado a los conductores profesionales a participar en una concentración convocada frente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el día 7 de junio a las 12:00, para exigir la puesta en marcha de medidas que garanticen la jubilación anticipada.
Un debate que también estuvo presente durante la moción presentada por el grupo socialista para el colectivo de bomberos forestales. La Senadora de ERC Laura Castel durante el debate de la Moción, señaló que otros colectivos profesionales también deberían ser incluidos en dicho régimen atendiendo a sus específicas condiciones de trabajo. En especial se refirió a los profesionales del transporte destacando que se trata de “un colectivo de riesgo debido a la peligrosidad de su actividad”, que sumado a la elevada edad media de los conductores profesionales en España “han provocado un incremento de los índices de siniestralidad y morbilidad”.
En este sentido, aportó un dato concluyente para justificar la necesidad de incluir a este colectivo como beneficiario del régimen de jubilación anticipada, al señalar que “La tasa de incidencia de accidentes de trabajo en los mayores de 55 años es tres veces superior a la del resto de sectores con respecto al mismo rango de edad”, para concluir recordando que “En diciembre de 2018, en el Pleno de esta Cámara se aprobaba —con el apoyo del Grupo Socialista— una moción de nuestro grupo que instaba, precisamente, al Ministerio de Seguridad Social a que reconociera que la actividad desarrollada por los conductores del transporte por carretera concurría dentro de las circunstancias exigidas legalmente para rebajar la edad ordinaria de jubilación. Han pasado tres años y medio y el Gobierno sigue sin atender las reclamaciones de los distintos sindicatos, agentes del sector y del propio Pleno del Senado. Los incumplimientos reiterados de los compromisos con estos colectivos del transporte suponen una vulneración y precarización del sector al que pertenecen decenas de miles de trabajadores”.
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