Dicho principio de acuerdo, que deberá ser ratificado por los 28 países de la Unión Europea así como por el Parlamento europeo, también contempla el establecimiento de una regulación específica para el sector del transporte por carretera, lo que se llevará a cabo dentro del Paquete legislativo de Movilidad actualmente en trámite.
No obstante, hasta que dicha regulación específica sea aprobada, la vigente Directiva europea sobre trabajadores desplazados (exigencia de cumplimiento del salario mínimo) será de aplicación al sector del transporte por carretera. Todo ello pese a la campaña que desde organizaciones de transporte internacional, entre las que se encuentra la española ASTIC, se ha llevado a cabo durante los últimos meses, defendiendo la exclusión del transporte internacional de la citada regulación europea.
Se pone así fin a una polémica que ya va para dos años, desde que en Marzo de 2016 la Comisaria europea de Empleo anunció el inicio de la tramitación de una reforma de la actual Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el ámbito de la Unión Europea, con el objetivo de lograr un clima de competencia leal y de respeto de los trabajadores que son contratados en un Estado miembro pero que son desplazados por su empleador para realizar su actividad laboral en otros Estados miembros.
La tramitación de dicha reforma legal ha contado desde un principio con el rechazo frontal de los países del Este de Europa, dado que las condiciones laborales en sus respectivos países son sensiblemente inferiores a las de los países europeos occidentales, lo que les permite ser más competitivos al operar en dichos países frente a los trabajadores nacionales, una realidad de la que se han venido aprovechando un número cada vez más creciente de empresas de transporte para rebajar sus costes salariales mediante varias fórmulas, la constitución de “empresas buzón”, entre ellas.
“Una vez sea aprobado en el Parlamento español el proyecto de ley que se está tramitando para transponer la Directiva europea de 2014 sobre trabajadores desplazados, se posibilitará un control efectivo de las empresas de transporte extranjeras que operan de forma habitual en España, principalmente empresas deslocalizadas en países del Este de Europa y que ya copan una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país”, afirman desde Fenadismer.
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