España se queda fuera de la “Alianza por la Carretera”

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Benito Armero | Redacción

03 Febrero 2017

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A falta de conocer si es por voluntad propia o simplemente por no haber sido invitada, España no ha firmado el compromiso suscrito por ocho países europeos para luchar contra la competencia desleal en gran medida derivada del dumping social

Como ya informamos a comienzos de semana, este martes, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia lanzaron en París la Alianza por la Carretera, para luchar y poner freno a lo que a su juicio es la mayor amenaza a la que se enfrenta el transporte por carretera como es “la competencia desleal en gran medida derivada del dumping social por las empresas que se deslocalizan en países con menores costes”.

Con el lanzamiento de la alianza, estos nueve países han firmado un plan de acción compuesto de ocho medidas destinadas a lograr dos objetivos: converger algunas medidas nacionales de aplicación de la normativa europea para facilitar la aplicación por parte de los operadores y mejorar la vida de los trabajadores y mejorar las prácticas de control basadas en las experiencias mutuas así como fortalecer la cooperación para la lucha más eficaz contra el fraude.

El hecho de que España no haya participado de en esta cumbre, aun no se sabe si porque directamente no estaba invitada o porque así lo decidió el gobierno español, ha levantado ciertas críticas entre algunas asociaciones de transportes que “lamentan la exclusión de España en la alianza de nueve países europeos en contra del dumping en el sector del transporte por carretera” como ha manifestado Fenadismer en un comunicado.

A través de esta iniciativa conjunta, los nueves países tratan de defender un transporte por carretera de mercancías «que se desarrolle en una competencia sana y leal entre los operadores económicos y con el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores»

Sin embargo no todas las asociaciones se han posicionado en la defensa de esta alianza de países. Mientras que esta asociación entiende como positivo el objetivo que persigue de “defender un transporte por carretera de mercancías que se desarrolle en una competencia sana y leal entre los operadores económicos y con el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores”, otras como ASTIC se han mostrado tremendamente crítica con esta “alianza” y alerta sobre “este tipo de iniciativas llevadas a cabo de manera unilateral.... que dicen ir a favor de un mercado único tras haber actuado en sentido completamente opuesto”.

Desde la Asociación de transporte internacional critican que aunque persigue un objetivo común como es el de luchar contra las prácticas fraudulentas y la mejora de los derechos sociales de los trabajadores, no han estado representados una amplia mayoría de los Estados Miembro de la Unión. ASTIC denuncia que “este tipo de iniciativas dan la impresión de señalar al resto de países como no respetuosos de las normas europeas o de los derechos sociales de sus ciudadanos”. “Me temo que esta “alianza” a espaldas de la C.E. busca provocar que se produzcan nuevas medidas proteccionistas que, sin duda, van en contra del espíritu de la UE”, denuncia Ramón Valdivia, director general de ASTIC.

Dos concepciones diferentes sobre cómo solucionar un problema que sí es identificado por todos es lo que parece estar sobre la mesa y sobre el que debe decidir el gobierno español dónde quiere posicionarse. Así, Fenadismer ha aprovechado esta noticia para volver a reclamar al Gobierno español «la trasposición urgente» a la legislación española de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores (salario mínimo), para «mitigar el impacto que sufre el sector español del transporte por carretera por la competencia desleal que ejercen las empresas deslocalizadas en países del este de Europa, las cuales ya controlan una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país».

Por el contrario, desde ASTIC insisten en pedir que se excluya expresamente al transporte por carretera de la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, al igual que ocurre, por ejemplo, con el transporte marítimo, ya que la misma está pensada para otros sectores y no se adapta a las necesidades de alta movilidad intrínsecas a los conductores de transporte internacional.

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