El Gobierno de Navarra eliminará el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos desde 1 de enero de 2017

Ésta es una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias que ha aprobado el Ejecutivo foral, tan sólo diez meses después de haberlo recuperado.

Entre las novedades figura la supresión del impuesto que, en la actualidad grava los hidrocarburos, establecido en 2,4 céntimos de euro por litro de gasolina, gasóleo o queroseno y en 0,6 céntimos de euro por litro de gasóleo agrícola especial y de calefacción y un euro por tonelada de fuelóleo. Los profesionales del transporte tienen derecho a la devolución de este tramo.

El proyecto de ley Foral modifica, entre otras normas, las relativas a los impuestos del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, IVA, Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, Tasas y Precios Públicos y Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas. Las variaciones pretenden adecuar la legislación tributaria de la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y económicas que inciden sobre los tributos, con el propósito de mejorar la recaudación y solucionar determinados problemas interpretativos que aparecen en cada momento.

Lo sorprendente es que no es la primera vez que el Gobierno foral suprime dicho impuesto, sino que ya en la anterior legislatura, cuyo gobierno ostentaba UPN, suprimió en 2014 este impuesto, aduciendo que la aplicación del mismo había supuesto “una disminución significativa en el consumo de los productos afectados así como que la recaudación tributaria no compensa los recursos, tanto materiales como humanos, que deben destinarse a dicha gestión”.

Sin embargo, el nuevo Gobierno navarro cuatripartito que surgió de las urnas el pasado año 2015, haciendo caso omiso de las protestas tanto de las asociaciones de transportistas como del colectivo de gasolineras de dicha región, decidió reimplantar el impuesto a partir de este año 2016, además en su importe máximo, lo que ha ocasionado una importante disminución en las ventas de carburantes en dicha región y la consiguiente menor recaudación fiscal derivada del tramo estatal del impuesto, lo que ha obligado al Gobierno foral a rectificar diez meses después de su entrada en vigor.

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