El BOE publica la orden que permite pagar las ayudas al carburante para el transporte por carretera e impone nuevas obligaciones a algunas empresas.
El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que permite poner en marcha el pago del primer paquete de ayudas directas al carburante destinadas al sector del transporte por carretera, aprobadas como respuesta al incremento de los costes derivado de la crisis en Oriente Medio y las tensiones sobre el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.
La orden, que cuenta con la autorización previa de la Comisión Europea, desbloquea el procedimiento administrativo necesario para que la Agencia Tributaria pueda comenzar a abonar las ayudas a los transportistas beneficiarios, después de varios meses de espera desde su aprobación.
El sector esperaba desde hace más de tres meses la publicación de esta norma, considerada imprescindible para materializar unas ayudas diseñadas para compensar el fuerte encarecimiento del gasóleo registrado durante las últimas semanas a consecuencia de la inestabilidad internacional.
Declaración responsable para determinados beneficiarios
La orden incorpora, además, una serie de requisitos dirigidos a garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre ayudas de Estado.
En este sentido, las empresas que se encuentren en situación de crisis económica o en procedimiento concursal previo a la actual crisis deberán presentar una declaración responsable antes del 30 de julio para acreditar que cumplen los requisitos exigidos por la legislación comunitaria y que no están afectadas por incompatibilidades derivadas de otras ayudas europeas.
Asimismo, las empresas de mayor dimensión también estarán obligadas a presentar una declaración responsable por vía telemática antes del 31 de diciembre. A través de este trámite deberán acreditar que las ayudas percibidas no superan el 70% del sobrecoste real soportado por el incremento del precio del combustible.
Obligación de conservar la documentación
La regulación establece igualmente que aquellos beneficiarios que reciban ayudas por importes superiores a determinados umbrales deberán conservar durante un periodo de diez años las facturas y demás documentación justificativa relacionada con el combustible adquirido, con el fin de facilitar las labores de control y verificación que puedan realizar las autoridades competentes.
Con la publicación de esta orden, queda despejado el último trámite normativo para iniciar el pago de unas ayudas que el sector considera prioritarias para aliviar el impacto que el encarecimiento del carburante ha tenido sobre la actividad de los transportistas.
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