Así se recoge en un documento de trabajo que el Ministerio para la Transición Ecológica en el que, entre otras medidas también estudiará el establecimiento de la Euroviñeta, a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas carreteras.
La decisión adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sorprendido notablemente al resto de organizaciones políticas y sectoriales. No obstante, ni se trata de un objetivo novedoso o ambicioso (en comparación con otros países de nuestro entorno) y además supone uno de los ejes centrales de la acción del Gobierno en esta legislatura en materia de transición ecológica, teniendo como finalidad enviar señales claras, certidumbre y confianza a las administraciones públicas, empresas, inversores y ciudadanos, según fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera.
De todo lo que ha trascendido y que contempla La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno, lo mas llamativo sin duda es que incluirá la prohibición de matricular y vender coches y furgonetas con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), lo que afecta a los que circulan con diésel o gasolina, a partir de 2040. ¿Sólo vehículos diésel y gasolina?. Según la Asociación Nacional de fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), no. “Esto supone la prohibición directa de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos en todas sus tipologías. Esta asociación denuncia que “en la práctica, esto significa ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea”, denuncian estas fuentes.
Además, según afirman desde ANFAC, “desde el momento mismo de aprobación de la Ley, prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles. Esto significa que sólo se podrán subvencionar los vehículos eléctricos puros, con lo que desactiva los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y discrimina, desde ya, a una tecnología limpia y eficiente frente a otras, que deben servir de puente para alcanzar la movilidad cero y bajas emisiones”.
No obstante, el documento de trabajo también incluye otras propuestas a estudio, como el establecimiento de la Euroviñeta, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas carreteras.
Reducir las emisiones un 90%
La norma incluye además, como objetivos nacionales para 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990 (actualmente están un 17% por encima), que un 35% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables, que el sistema eléctrico tenga al menos un 70% de generación a partir de energías renovables y que la eficiencia energética llegue a al menos un 35%, según informa Servimedia.
Esos objetivos son más ambiciosos para 2050, cuando las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% en relación a 1990 y el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable, es decir, a mediados de este siglo la electricidad será 100% renovable. Obviamente, para alcanzar estos objetivos, el paquete normativo debe incidir en cambiar la movilidad actual por otro modelo más sostenible. De ahí que “a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono”, mientras que para el 2050 se prohibirá totalmente la circulación de estos vehículos.
Esta propuesta es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y en 2050 ya no podrán circular. Francia también lo impedirá en 2040; Dinamarca, Irlanda, Alemania y Países Bajos quieren lograrlo en 2030, y Noruega en 2025. Con esta fecha, el Gobierno pretende enviar “señales claras para dirigir la producción de vehículos”, algo que ya han hecho algunos fabricantes. Por ejemplo, Volvo sólo venderá coches híbridos o eléctricos a partir de 2019 y Toyota dejará de comercializar vehículos diésel a finales de 2018.
Algunas regiones en España han tomado medidas en este sentido. La Ley de Cambio Climático de Baleares prohibirá los coches diésel en las islas en 2025 y los de gasolina en 2035. Además, el Ejecutivo pretende que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y obligará a instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras en distintos plazos en función de su volumen de ventas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Enérgética estará acompañada de otros marcos normativos, concretamente los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (el primero de ellos deberá ser enviado por el Gobierno a la Comisión Europea antes de que termine 2018) y la Estrategia de Bajas Emisiones a 2050 de la Economía Española, la cual será revisada cada cinco años.
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