La sentencia del Tribunal Supremo advierte que los únicos legitimados para reclamar directamente a las Comunidades Autónomas por el impuesto soportado son las petroleras, pero existe alguna vía para algunos transportistas
Tras la publicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que declaraba contrario al derecho europeo el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que estuvo vigente desde 2013 a 2018, ha habido que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha resulto finalmente que los únicos legitimados para reclamar directamente a las Comunidades Autónomas por el impuesto soportado son las petroleras.
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De esta forma, queda limitada, por no decir excluida, la posibilidad de reclamar a los consumidores finales pese a ser los destinatarios finales del impuesto, incluidos los transportistas, en principio (aunque no es del todo cierto) el colectivo más perjudicado por la aplicación de este tramo autonómico.
¿Qué pasa con los transportistas?
Según los experto consultados, esa posibilidad para los operadores de recuperar la parte autonómica del impuesto abonado en esos años no es, sin embargo extensible, para los transportistas y menos todavía para el resto de consumidores finales de recuperar este impuesto.
Fundamentalmente porque muchos empresarios del sector estaban acogidos al gasóleo profesional durante esos años y el importe que irían a reclamar ya se les devolvió a través de esta bonificación.
Por otro lado, para los transportistas que no pueden adscribirse a la devolución a través del Gasóleo Profesional, en general transportistas con vehículos de menos de 7,5 toneladas, taxi o VTCs, tampoco está el terreno abonado, pues ha prescrito la acción al haber pasado más de seis años desde que estuvo vigente el impuesto.
Por tanto, el único medio que les quedaría sería una reclamación por responsabilidad patrimonial, un camino muy restrictivo debido a los requisitos exigidos, aunque técnicamente viable.
Cerca de 2.500 euros por cinco años
Para poder acogerse a la reclamación por responsabilidad patrimonial, el primer requisito es que los transportistas sin gasóleo bonificado tengan las facturas de esos años y puedan probar esos repostajes.
En este caso, y llegado el caso de que su reclamación fuera aceptada, según cálculos de Fetransa, un transportista con un consumo de unos 1.200 litros de carburante mensual podría reclamar unos 500 euros relativos al tramo autonómico por año y entorno a 2.500 euros, si reclamara los cinco años en los que este tributo fue considerado ilegal.
Las petroleras se llevan el pastel
El Tribunal Supremo ha limitado dicha posibilidad al establecer claramente que “el consumidor final no está legitimado para solicitar la devolución como ingreso tributario indebido de las cantidades que hubiere soportado porque soportó las mismas, no por disposición legal, sino mediante traslación en el precio del producto, de todo o parte de la cuota tributaria del Impuesto sobre Hidrocarbuos.”,reconociendo que tal derecho a recuperar el impuesto recaudado de forma ilegal durante los 6 años correspondería en exclusiva a las petroleras, por ser las que tributaron por dicho impuesto.
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