Pese a que el pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo, muchos cargadores no reconocen este derecho legítimo y necesario de los transportistas.
Con el precio medio del gasóleo A en España superando los 1.60 euros litro, la paciencia de los transportistas parece haberse acabado en tan sólo cuatro días de conflicto, yen los que el diésel ha incrementado su precio cerca de 20 céntimos.
La reacción más fuerte ha llegado desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS), que no ha dudado en denunciar las prácticas ilegales de muchos cargadores que “no admiten la revisión de los precios de los servicios del transporte en función de la variación del precio del combustible”.
Cláusula obligatoria por ley.. y sin pacto en contrario
“Numerosos cargadores-afirman- obvian y violan la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre en su artículo 38, relativo a la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible” y añaden que “pese a que el pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo, muchos cargadores no reconocen este derecho legítimo y necesario de los transportistas”.
Los más de 20 céntimos por litro que ya ha subido, pese a que como hemos explicado en otros artículos, el combustible que se está despachando estos días ya estaba aprovisionado con anterioridad a la subida del precio del petróleo, puede poner contra las cuerdas a numerosas empresas transportistas, sobre todo si hablamos de pymes y autónomos.
Por ello, desde el sector se exige el cumplimiento de una cláusula que es obligatoria por ley, “total e íntegro por parte de todos los cargadores que contratan servicios de transporte”.
Posición de poder abusiva de los cargadores
Desde esta organización critican la actitud de los cargadores que hacen “uso de una posición de poder, aprovechándose que los transportistas sean los únicos que asuman y soporten el encarecimiento de los carburantes”, lo que califican como “un hecho abusivo, injusto e ilegal”.
Además, según estas mismas fuentes su actitud “pone en peligro la cadena de suministro, dado que el alza de los precios del gasóleo en esta situación de fragilidad geopolítica es inasumible”.
Finalmente, tras esta reclamación insta a las diferentes administraciones que “velen por que el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 15/2009”. Si tal y como se espera en los próximos días se produce un mayor incremento del precio de venta del gasóleo.
Tibio comunicado del Comité Nacional de Transporte
Paralelamente, también ha llegado la reacción desde el máximo órgano de representación del transporte por carretera ante la Administración, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).
En un comunicado mucho más tibio, se limita a calificar la actual situación como “una circunstancia de suficiente gravedad como para poner en funcionamiento la cláusula de indexación del precio del combustible establecida en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo como mecanismo de atenuación en el impacto que el aumento del combustible va a tener”.
Asimismo reclama abrir una inmediata mesa de diálogo con los responsables de la Administración del Estado para articular “las medidas que permitan preservar la competitividad del tejido empresarial” que pueden ser “fiscales, financieras, laborales, incluso mecanismos temporales de compensación. Todo ello con la finalidad de garantizar la continuidad de las empresas de transporte por carretera”, afirma el CNTC.
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