El pago por uso de las autovías vuelve a la agenda del Gobierno

Se acaba el verano y la política retoma su actividad frenética.  Así, en lo que al sector del transporte por carretera se refiere, septiembre va a empezar con la eliminación de los tramos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2, liberando cerca de 500 kilómetros. Como contrapunto a esta medida,  algunas informaciones apuntan a que  La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera para el cobro por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024.

Como se recordará, tras las críticas recibidas antes del verano, cuando el anterior ministro de Transportes José Luís Ábalos, defendió el plan enviado a Bruselas y que cosecho la negativa tanto de sus socios políticos como de  sectores industriales claves, entre ellos el transporte por carretera, Ábalos moduló la propuesta, asegurando que no se implantaría ese modelo de pago ante la ausencia de consenso. Así, mientras El calendario remitido a Bruselas preveía que el texto se elevara en el primer semestre de 2021 al Consejo de Ministros para una primera lectura, el responsable de Transportes, retrasó su implantación ”nunca antes de 2024” y supeditada  a  alcanzar un  consenso político mayoritario, sí como un acuerdo con el sector  del transporte por carretera.

Modelo de pago por uso

Se trata de articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales para dar una solución al creciente déficit de conservación y mantenimiento de la extensa red de carreteras del Estado y, en particular, de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías).

Desde el departamento de Transportes  insisten en que no hay aun ningún modelo concreto, pero que se trata de  reabrir el debate en busca de un modelo más equilibrado y más justo.  Y eso, según la nueva ministra porque  serviría, por un lado para lanzar un mensaje a Bruselas de control de gasto público, ahora que la deuda pública española parece desbocada  y con un déficit desbocado, al que la inminente liberación de los tramos de peaje sólo vendrá a sumar gasto.

También hablan desde el Ministerio de Transportes de un sistema mas “justo”,  ya que en su opinión, el actual modelo crea desequilibrios territoriales puesto que el peaje está más implantado en  unas comunidades autónomas

( especialmente Cataluña) frente a otras.

Además, Raquel Sánchez,  también ha querido poner sobre la mesa  el hecho de que España sea uno de los países de Europa con menor porcentaje de red de carreteras de pago de Europa, un 15%. 

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