Además solicitó la revisión del baremo sancionador para que en los supuestos de cabotaje ilegal se sancione también al cargador contractual, a lo que la Administración ha respondido favorablemente.
La Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, Fetransa, ha emitido un comunicado en donde valora positivamente el Plan de Inspección del Transporte Terrestre para el 2017 que la Administración presentó a los transportistas el pasado 30 de noviembre.
Para Fetransa “ha llegado el momento de poner en práctica lo que se plasma en papel, siendo uno de los principales objetivos marcados para el 2017 atajar el fenómeno de la deslocalización de grandes empresas de transporte de mercancías hacia países de la UE con menores costes de explotación (“empresas buzón”), para lo que se prevé contar con la participación de otros cuerpos de inspección pertenecientes a otras Administraciones Públicas. La inspección se centrará, por lo tanto, en el control del Dumping Social para lo que los controles no sólo se desarrollarán en carretera, sino también en empresas, tanto transportistas, como cargadoras”.
La Federación también solicitaba la reinterpretación del baremos sancionador para que en los casos de cabotaje ilegal, se sancionara también al cargador contractual (sea un operador de transporte, otra empresa transportista o un cargador), a lo que la Administración a accedido. Desde el próximo ejercicio se sancionará tanto a la empresa que realice el servicio de cabotaje de forma ilegal con multas de 4.001 € como a la empresa que haya contratado dicho servicio con 2.001 €, incrementando así el control sobre estas empresas cargadoras.
Otro de los focos de los órganos de inspección será la actividad de transporte público de mercancías que se desarrolle sin la debida autorización, como está sucediendo actualmente con algunos tractores agrícolas y con vehículos con autorización de transporte privado complementario, que en no pocas ocasiones no utilizan dichos vehículos para transportar sus propias mercancías, sino otras que son encargadas por terceros (servicio público).
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