El artículo que publicamos este mes sobre las condiciones laborales en distintos países de la Unión Europea, dibuja un panorama ciertamente preocupante, que se ha convertido ya en el principal problema para el transporte de mercancías en la zona euro, con unos efectos devastadores sobre el sector, especialmente para las pequeñas y medianas empresas en tráficos nacionales e internacionales.
Nos referimos, tal y como hemos titulado, al “abismo salarial” (porque eso no es una brecha) recogido en el informe elaborado por el Comité Nacional de la Carretera francés (CNR), un ente similar a nuestro CNTC, que publicó recientemente un estudio que ofrece una visión general de la comparativa realizada sobre las condiciones de empleo, las tasas de remuneración y el coste unitario de los conductores internacionales de camiones en Europa.
Es ciertamente lamentable, que haya tenido que ser una proposición no de Ley auspiciada por el PSOE y apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Foro Asturias, la que tenga que obligar al Gobierno a adherirse a la “Alianza europea por la Carretera” |
Como era de esperar, el informe dibuja un eje divisiorio entre el Este y el Oeste, con unas condiciones laborales tan dispares que ya constituyen de por si una seria amenaza para la libre circulación de mercancías en el espacio europeo. Y lo son porque la normativa europea sobre trabajadores desplazados, así como un laxo control de las empresas “deslocalizadas” en busca de una drástica reducción de sus costes, así lo permite.
El coste anual total de un conductor internacional varía entre 16.000 euros para un transportista búlgaro y 56.000 euros para un transportista belga o los casi 38.000 euros que cuesta en España. Viendo estos datos y muchos otros que recoge el informe, ¿a alguien le extraña que haya países que, de forma unilateral, impulsen medidas para evitar en la medida de lo posible que un “espabilado” bordee la ley para rebajar sus costes totales en cerca de un 30%, mediante las llamadas “empresas buzón”? ¿Es lícito, por ejemplo, exigir que quien realiza trabajo en un país determinado, no pueda cobrar por debajo del salario mínimo de ese país… venga de donde venga?
Tal y como están las cosas no se entiende la postura defendida por el Gobierno español, en referencia a la llamada “alianza por la carretera” creada por 9 paises europeos con el fin de combatir este tipo de prácticas. Es ciertamente lamentable, que haya tenido que ser una proposición no de Ley auspiciada por el PSOE y apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Foro Asturias, la que tenga que obligar al Gobierno a adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”.
La iniciativa propone además trasponer la normativa española a la mayor brevedad la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, teniendo en cuenta que el plazo máximo de trasposición de dicha Directiva venció el pasado mes de Junio, y la Comisión Europea ya ha advertido a España de posibles sanciones en caso de no trasponerla en el plazo máximo de dos meses. ¿A qué juega el ejecutivo español? ¿A quién defiende?.
Espero como siempre vuestros comentarios.
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