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Desde la asociación de transportistas denuncian que las declaraciones realizadas esta semana por la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ponen una vez más al descubierto el desconocimiento de la clase política sobre la realidad el transporte y la logística en nuestro país 

El anuncio de marcar el horizonte de 2023 , para aplicar medidas que determinen zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, supone, en opinión de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), “llevar al escenario que viven actualmente Madrid y Barcelona, a 146 ciudades de España, sembrando, en consecuencia el caos en los procedimientos de transporte y logística”.

Desde esta asociación, aclaran que, “sin duda, la medida, amparada por los criterios marcados por Bruselas, tiene sentido dentro de la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que desde ATA impulsamos y defendemos”. Pero han aprovechado una vez más para denunciar el olvido que sufre el transporte de mercancías, fundamental para el abastecimiento de estas 146 ciudades, que “queda olvidado y a criterio del empresario o autónomo responsable” . De hecho, junto a esta medida se anuncia también el apoyo incondicional al desarrollo medidas de fomento del transporte público, sin ninguna mención al transporte de mercancías.

“Ni una sola opción que determine ayudas a la transición de las flotas, y lo que es aún peor, ni una sola directriz de a donde dirigir nuestras inversiones en caso de renovación de flotas”, ha criticado Antonio Villaverde, presidente de ATA, que añade como “el problema a día de hoy, ya no es sólo el acceso a Madrid o Barcelona, lo será en breve en el transporte y distribución de mercancías en la práctica totalidad de las ciudades que además pueden ejercer criterios diferenciados a la hora de aplicar las restricciones”. En este sentido, cabe señalar que mientras Madrid está aplicando una zona de bajas emisiones en un entorno de 5km, las restricciones aplicadas en Barcelona desde el 1 de enero, afectan a un entorno de 95 Km, con horarios de acceso y especificaciones diferentes, algo que condiciona el modo de transporte y distribución de mercancías.

ATA reclama “sentido común y un plan único impulsado desde el gobierno central para todos los municipios afectados”. “Si bien somos conscientes de que se trata de competencias municipales, este sentido común reclamado supone evitar que el transportista deba controlar y aplicar 146 especificaciones de acceso a las ciudades con distintas y 146 planes de movilidad diferentes”, añade Villaverde.

LA asociación de transportistas señala finalmente que “la gravedad de la situación hace necesario establecer un calendario de implantación ya que en breve, el transporte podría convertirse en un auténtico galimatías en el que no sólo saldría afectado el profesional, sino también el usuario de los servicios”.

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