CONETRANS denuncia la adquisición en Rumania de carnets y títulos de competencia de forma irregular

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) ha puesto en alerta al sector del transporte de mercancías por carretera, tras denunciar las malas prácticas de numerosos centros de tramitación de permisos de circulación y títulos de competencia a extranjeros asentados en España, “falseando los documentos que acreditan la residencia mínima en el país de tramitación, así como la formación académica requerida que da acceso al título habilitante de transportista”.

Título de competencia y permiso de conducción en Rumanía

CONETRANS denuncia la existencia de numerosos centros de formación ubicados en diferentes puntos del territorio nacional que han llegado a crear una trama organizada para obtener tanto el permiso de conducción como el título de competencia en Rumanía, pese a que los aspirantes a obtener estos títulos tienen establecida su residencia en España y sin acreditar estar en posesión de los títulos académicos requeridos para la obtención del título de transportista.

Se da la circunstancia de que formadores de nacionalidad rumana son los instigadores de estas prácticas cuando ellos mismos han adquirido sus títulos habilitantes para impartir formación de manera irregular en su país de origen, de igual forma que sus actuales alumnos, para posteriormente convalidarla en España. Esta práctica hace que impartan formación y clases prácticas de maniobras y circulación a alumnos que se incorporaran al mundo laboral, poniendo en peligro la seguridad vial.

Convalidación posterior en España

Según la organización de transporte, de un tiempo a esta parte, “se ha convertido en práctica habitual que ciudadanos rumanos establecidos en España viajen a Rumanía para obtener este título incurriendo en esas prácticas irregulares tras el abono económico correspondiente para, posteriormente, convalidar el título de transportista en España”.

En su opinión, la gravedad de esta práctica es “muy lesiva para el sector, ya que estos transportistas que han accedido al sector de forma fraudulenta incurren en una más que evidente competencia desleal contra los transportistas nacionales que, efectivamente, cumplen todos los requisitos que marca la Unión Europea para la realización de la actividad de transporte de mercancías por carretera”.

Examen en el lugar de residencia habitual

Según lo fijado en el Reglamento (CE) n o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, ‘las personas afectadas se examinarán en el Estado miembro en el que tengan la residencia habitual o en el Estado miembro en el que trabajen. Se entenderá por residencia habitual el lugar en el que una persona viva habitualmente, es decir, durante por lo menos 185 días por cada año civil, por razón de vínculos personales que revelen lazos estrechos entre la persona y el lugar en que habita.’

Similar a lo descrito anteriormente se refiere la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción.

Denuncia ante la Fiscalía

Conetrans ha puesto estos hechos en conocimiento  tanto de la Fiscalía y  el Ministerio de Transportes como de  diversos Servicios de Transporte provinciales. También ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social, pues, además, “estos supuestos transportistas capitalizan sus subsidios de desempleo para comenzar la actividad de transporte de mercancías adquiriendo un camión”, unas irregularidades que  “podrían conllevar responsabilidades penales y penas incluso de cárcel”.

Desde  la asociación de transporte han exigido  que los servicios de inspección “comprueben si los transportistas de origen rumano con título convalidado en España reúnen todos los requisitos para la obtención de la competencia profesional” y en caso de que  estas irregularidades sean comprobadas, insta a la Administración a “la retirada y/o la anulación tanto de los títulos de transporte como de los permisos de circulación, regularizados a través de esta falsedad documental”.