Las cooperativas y sus socios podrían enfrentarse a multas económicas de gran cuantía y a la regularización tributaria de los últimos cinco años.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, han intensificado la vigilancia sobre determinadas cooperativas de transporte por carretera que estarían operando de manera irregular, permitiendo que sus socios tributen de forma indebida en el régimen fiscal de módulos.
Esta actuación responde a las denuncias formuladas por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (FENACOTRANS), que desde hace años viene reclamando un mayor control sobre un reducido grupo de cooperativas “pseudo-fraudulentas” que, según la organización, “desprestigian el buen hacer del resto de cooperativas que cumplen con la ley y con su función social”.
Cómo funcionan las cooperativas fraudulentas
Estas cooperativas, promovidas por un reducido grupo de gestores, basan su existencia y funcionamiento en las ventajas fiscales que representa el régimen de módulos en el sector del transporte por carretera, incorporando en la misma a socios que sin ser transportistas tributan en dicho régimen fiscal de forma fraudulenta, lo que supone una situación de grave intrusismo y competencia desleal para el resto de cooperativas, autónomos y empresas de transporte.
De esta manera, los falsos socios tributan en módulos, pagando menos impuestos, al tiempo que la cooperativa factura en su nombre y cobra una comisión. En realidad, los socios actúan como empleados encubiertos, sin riesgo ni gestión propia.
Esto permite a estas falsas cooperativas ofrecer precios más bajos al eludir impuestos y cotizaciones, con el consiguiente perjuicio al resto de autónomos y empresas que cumplen con la ley creando un mercado distorsionado que presiona a la baja los márgenes del sector.

Inspección prioritaria en el Plan de Control 2025
El Ministerio de Transportes ha incluido en su Plan de Inspección del Transporte por Carretera 2025 una línea de actuación prioritaria para detectar y sancionar este tipo de cooperativas, cuya actividad contraviene la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Las cooperativas y sus socios podrían enfrentarse a multas económicas de gran cuantía y a la regularización tributaria de los últimos cinco años, en colaboración con otras administraciones públicas, según ha informado la Federación.
Más información👉Autónomos: ¿Habrá prórroga del régimen de módulos para 2026?
El Ministerio de Trabajo también actúa
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incluido en su Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 una línea específica para perseguir este tipo de prácticas en el transporte, reforzando la colaboración con la Inspección de Transportes.
El plan también contempla medidas contra las llamadas “empresas buzón”, sociedades deslocalizadas en otros países de la UE con menores costes laborales y fiscales, pero que continúan operando en España, agravando la competencia desleal en el sector.
FENACOTRANS: “No se puede criminalizar al cooperativismo”
Desde FENACOTRANS insisten en que estas actuaciones son necesarias para erradicar el fraude, pero rechazan que se utilicen como argumento para desprestigiar al modelo cooperativo en su conjunto.
“Las cooperativas de transporte representan menos del 1% de las empresas del sector, y su carácter social y democrático contribuye a generar empleo estable y cohesionado”, subrayan desde la Federación.
Asimismo, la organización pide a las Administraciones Públicas mayor apoyo al desarrollo del cooperativismo, en línea con el artículo 129 de la Constitución Española, que insta a fomentar las distintas formas de participación en la empresa, entre ellas las cooperativas.
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