Ambas organizaciones afirman que el Real Decreto presenta una apariencia de obligatoriedad de normas que no responde ni al texto, ni al espíritu de la Directiva
El desconcierto creado por la trasposición de la Directiva europea , mediante el Real Decreto 563/2017 por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español es tal que tanto los transportistas como los fabricantes de semirremolques se han visto obligados a emitir un comunicado conjunto en el que dejan entrever la posibilidad de que se esté tergiversando el espíritu de la norma con intereses que no responderían al espíritu de la norma.
Así, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera y la Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos análogos (ASFARES), aclaran que “comparten su preocupación por la redacción del Real Decreto 563/2017 como una “trasposición incompleta de la Directiva 2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Enero, habiéndose omitido apartados fundamentales de la misma en lo que respecta a la sujeción de la carga”. Ambas organizaciones hablan de que estas omisiones desnaturalizan su regulación “que es de carácter mayormente facultativo, no vinculante y, sin embargo, el Real Decreto presenta una apariencia de obligatoriedad de normas que no responde ni al texto, ni al espíritu de la Directiva”.
“Para mayor desconcierto-afirman- se han dejado de lado varios criterios expuestos en la Guía europea de mejores prácticas, publicada a la sazón por la Comisión Europea, para la difusión de la Directiva, apareciendo en su lugar, todo tipo de guiones de origen desconocido con interpretaciones extrañas de la Directiva, con los que incluso se ha pretendido formar a los agentes que han de velar por el cumplimiento de la norma”.
Esta circunstancia, entienden, está provocando una enorme inseguridad en todos los sectores afectados por este Real Decreto, “que alcanza a cuestiones íntimamente relacionadas con los vehículos, afectando a las responsabilidades civiles, administrativas e, incluso penales, en abierta contradicción con leyes en vigor, tal como la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías”.
Por eso, desde el Comité Nacional de Transportes y Asfares piden que se suplan las deficiencias de la trasposición, “tomando como referencia imprescindible la Guía europea de mejores prácticas, pues para ello fue publicada”.
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