La subida del componente laboral del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente

Pese a distribuirse de forma progresiva, recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales -que representan el 85% de los trabajadores

Según señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)los asalariados que se mueven en el entorno del mileurismo, es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55% del total, deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.

Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros -cuyo gravamen extra rondará los 490 euros- aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.

En el extremo opuesto, los trabajadores más 'afortunados' -aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total- contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.

Junto a estos cambios, la modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro, con un gravamen complementario cuyo impacto variará enormemente en función del tramo de ganancia. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía -más del 95% del total- tan sólo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.

En cualquier caso, el aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores -incluidos los desempleados y pensionistas- y no, como hubiera sido deseable, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

En este sentido, el secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, consideró positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos "más exclusivos", aunque matizó que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.

La revalorización de las pensiones, sin efecto

Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los Técnicos de Hacienda destacaron que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.

De este modo, y según sus cálculos, en nuestro país hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

Alternativas a nuevos ajustes

Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por incidir en la vía de la recaudación en lugar de acometer recortes que puedan afectar a las prestaciones sociales.

Así, el colectivo indicó que la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, sería "un balón de oxígeno para las arcas públicas que no afectaría directamente al ciudadano de a pie".

Gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales -cantidad superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF-, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Ingresos hasta ahora ocultos

Asimismo, Gestha recordó que la mejor forma de revitalizar la economía sin afectar los salarios pasa por luchar de lleno contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB.

Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo en 2012, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas de impuestos.

Las SICAV, un 'coladero' del fraude

Otra medida prioritaria para mejorar la recaudación sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, su buen funcionamiento estaría supeditado a la modificación de las SICAV para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, evitando la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

Por último, el IVA es otra de las tasas que según Gestha pueden aportar una mayor recaudación, aunque no a través de un incremento que pueda contraer el consumo y afectar a las personas con bajos ingresos, sino incidiendo en la mejora de la eficiencia para extraer unos mayores ingresos.

Otra opción para reducir la especulación en los mercados financieros y aumentar los ingresos sería la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Asimismo, se hace necesario un mayor control del gasto público, lo que se puede conseguir potenciando la realización de auditorías operativas para comprobar si se está dando una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, con la consiguiente repercusión de sus resultados en las sucesivas asignaciones presupuestarias.

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