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Según el último observatorio de costes publicado por el Ministerio de Fomento, a fecha de abril de este año el coste medio de un camión articulado de carga general ronda los 53.000 euros anuales y supone ya más del 39% de los costes directos totales que soporta una empresa de transporte de mercancías.


En este contexto, la política de precios que aplican las petroleras españolas y sus márgenes de beneficios lastran la reducida rentabilidad del sector, y el Gobierno parece decidido a poner coto al imperio de las petroleras.
Remontándonos hasta el comienzo de la crisis año 2009, en abril de ese año el coste de combustible para este tipo de vehículos estaba en 36.400 euros y suponía el 32% de los costes totales, es decir, cinco años después el coste de carburante se ha incrementado en cerca de 15.000 euros anuales para un solo vehículo. La tremenda escalada de precios en la que está inmersa el carburante no tiene comparación con ningún otro producto energético o de otra índole. Baste decir que el crecimiento interanual para 2012 es del 15%, siendo dicha subida de un 70% desde los comienzos de la crisis (enero de 2009).
Obviamente, esto supone un grave problema para cualquier usuario de un vehículo a motor, pero es especialmente grave para el transporte profesional, pues como hemos visto, supone la partida de gastos más importante de su cuenta de resultados. Al mismo tiempo, los mecanismos creados en años anteriores para introducir cierta estabilidad en esta actividad  han desaparecido o reducido a la nada, es el caso del gasóleo profesional, o simplemente no han funcionado por una serie de intereses creados, como en el caso de las cláusulas de revisión de los precios  del transporte en función del precio del carburante. 

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La Comisión Nacional de Competencia en su informe de junio de este año define como “cohetes y plumas”, las asimetrías que se manifiestan entre los aumentos, que tienen un reflejo más rápido en los precios de venta al público y las reducciones de dichos precios, mucho más lentas.


 

 

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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, convocó a mediados de septiembre a los presidentes de las principales petroleras para estudiar con ellos las medidas que quiere aplicar el Gobierno para rebajar el precio de los carburantes.


 

Ante esta situación, que viene a sumarse a la grave crisis que atraviesa el sector, el Tsunami financiero se ha llevado por delante cerca  de 30.000  empresas, el ejecutivo ha emprendido (no es la primera vez) una batalla contra las petroleras presentes en nuestro país, a las que señala como “ causantes al menos en parte” de los desequilibrios de precios existentes en España. 
Así, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, convocó a mediados de septiembre  a los presidentes de las principales petroleras para estudiar con ellos las medidas que quiere aplicar el Gobierno para rebajar el precio de los carburantes.
El titular de Industria apuntó que “el Gobierno no puede admitir” que las empresas trasladen inmediatamente el aumento en el coste del petróleo al precio de los combustibles pero cuando aquel disminuye la bajada no se aplique de la misma manera en el precio final, ni que el IPC haya subido hasta cinco décimas por el precio de los carburantes.
Además, indicó que las medidas que está estudiando el Gobierno tendrían un carácter selectivo “en materia tributaria contra las empresas pero, en ningún caso”, se produciría una traslación al precio final que paga el consumidor.
Asimismo, señaló que impulsará una mayor transparencia de precios, de manera que los consumidores puedan ver con claridad el precio del carburante en las estaciones de servicio antes de repostar y puedan elegir si les interesa parar y repostar o buscar otra gasolinera.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, también salió a la palestrra,  al término del Consejo de Ministros, para asegurar que el Ejecutivo está dispuestos a actuar en el sector de las distribución de carburantes para racionalizar el coste, evitar la injustificada escalada de precios y situarse a este respecto en los niveles medios del resto de países de la Unión Europea.
Sin embargo, según lo que trascendido de esa reunión, no parece que la “oligarquía petrolera” este muy por la labor. Los tres principales operadores del sector petrolífero en España (Repsol, Cepsa y BP) han ofrecido su colaboración al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la búsqueda de soluciones para responder a la actual coyuntura, si bien han reclamado criterios homogéneos a la hora de comparar precios de carburantes a nivel comunitario, por lo que han pedido que, antes de que se estudie cualquier medida, se trabaje en una fórmula adecuada de análisis.

Cuestión de márgenes
El precio del combustible depende de múltiples factores: de la oferta y la demanda del crudo, de decisiones políticas de países exportadores, del coste de transporte y logística, del consumo según la época del año y del tipo de cambio de las monedas, entre otros.
Sin embargo, Según señaló la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, hay grandes diferencias entre las estructuras de precios de los carburantes en España y en el resto de países de la Unión Europea. 
Según los cálculos del ejecutivo, que hizo públicos Soraya Saenz de Santamaría, la diferencia de "los márgenes" en la gasolina 95 en España son de 15 céntimos por litro, mientras que en el caso de la media de la UE son de 13,7 céntimos por litro. Para el gasóleo la diferencia es aún mayor. "En España el margen es de 15,1 céntimos por litro y en la UE 13,3 céntimos", ha explicado la vicepresidenta.

Estos márgenes, según el Gobierno, han contribuido a que en las últimas semanas el precio de los carburantes en España alcan-ce niveles récord. En su análisis, el Gobierno resalta que las otras dos partes que marcan el precio de los combustibles son similares -en lo que se refiere a los costes del crudo- e incluso inferiores -a nivel fiscal- a los precios en Europa.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, ha querido salir al paso de estas acusaciones, asegurando que los márgenes comerciales que obtienen los operadores petrolíferos por la venta de carburantes de automoción "no son los responsables" de los actuales niveles de precio de estos productos. Álvaro Mazarrasa, director general de esta asociación, asegura que, de cada 50 euros que el consumidor gasta el gasolina, 23 van a impuestos, 22 al coste de la materia prima, entre 4 y 4,5 a logística y comercialización, y solo entre 0,5 y 1 euro al beneficio bruto del mayorista.Este beneficio es similar en el caso del gasóleo. 
El Gobierno estudia asimismo,  otra serie de cambios relacionados “con los contratos de abanderamiento” de las estaciones de servicio con los distribuidores. El objetivo pasaría por “permitir cambios más fáciles” y “eliminar barreras de entrada” a este mercado, para favorecer una mayor competencia en el sector.

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Cohetes y plumas
La Comisión Nacional de Competencia en su informe de junio de este año define  como “cohetes y plumas”, las asimetrías que se manifiestan entre los aumentos, que tienen un reflejo más rápido en los precios de venta al público y las reducciones de dichos precios, mucho más lentas. Un ejemplo muy significativo lo tenemos en la evolución que ha sufrido este 2oro negro” durante 2012; Desde que comenzó el año, el precio de los carburantes no ha parado de crecer y tocó máximos históricos en la primera semana de abril, con el litro de gasolina rozando los 1,5 euros y el de gasóleo los 1,4 euros, en paralelo al encarecimiento del crudo. En los dos siguientes meses, la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha desplomado un 21,6% y se ha llegado a situar por debajo de los 100 dólares. En ese mismo periodo, el precio de la gasolina ha descendido un 6,5% y el del gasóleo un 5,4%, lo que ha despertado las sospechas entre ciudadanos y transportistas de que los movimientos del crudo y de los carburantes no están acompasados. 

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carburantes177_2Una historia que viene de lejos

No es la primera vez que las tres petroleras que controlan el sector de los carburantes en España están sujetas a investigación o incluso han sido sancionadas por prácticas consideradas prohibidas. Ya en 2009  el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sancionó  con una multa de 7,9 millones de euros a las petroleras Repsol, Cepsa y BP al considerar que habían  fijado indirectamente el precio de venta al público de los carburantes en sus estaciones de servicio independientes, «a través de la utilización de diversas cláusulas contrac- tuales y en las relaciones comerciales con los titulares de las mismas», lo que está estrictamente prohibido por las normas de defensa de la competencia.Por estas prácticas, según Competencia, los precios máximos y recomendados comunicados por el operador se convierten en precios fijos, con lo que se limita la libertad del distribuidor minorista para que sea él quien fije el precio de venta al público. Así, la vinculación comercial entre las petroleras y las estaciones de servicio se convierte en la práctica en un simple contrato de reventa.

 

 

 

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