Asetrabi, Asotraba, Hiru y Transportbilbao afirman que el canon previsto afecta a la estructura de costes de las empresas y los autónomos en una media de entre 500 y 600 euros mensuales.
Las organizaciones representativas del transporte de mercancías en Bizkaia -ASETRABI, HIRU, ASOTRAVA y TRANSPORTBILBAO consideran que, en un ejercicio de responsabilidad, la Diputación debería reconsiderar la implantación de peajes obligatorios a los transportistas, que desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento de la población y la industria. Como se recordar, el pasado mes de octubre la Diputación Foral de Bizkaia hizo públicas las cuantías del canon por el uso de las carreteras de Bizkaia para los vehículos pesados aplicables a partir del 1 de enero de 2023.
“Ante una coyuntura económica inflacionista-afirman los firmantes-que repercute de manera directa en todas las cargas económicas que soporta el sector, el canon previsto afecta a la estructura de costes de las empresas y los autónomos en una media de entre 500 y 600 euros mensuales” . Todas las organizaciones firmantes aseguran compartir la valoración de que, “además de ser una medida fundamentalmente recaudatoria dirigida a cubrir el déficit de las cuentas públicas, es asimismo discriminatoria porque no afecta a todos los usuarios de las vías. En este sentido, supone, además, una merma en la competitividad de los transportistas locales, que ven gravemente penalizada su actividad dado que no afectará al tráfico en tránsito con origen y destino en otras comunidades”.
Estas asociaciones advierten además de que en caso de implantarse el peaje como ha sido anunciado, “las empresas y los profesionales autónomos se verán obligados a repercutir el canon en sus facturas, con los consiguientes efectos adversos en los costes de toda la cadena logística en el escenario inflacionista antes mencionado”.
“Los representantes de los transportistas hemos trasladado en reiteradas ocasiones a los responsables políticos e institucionales nuestra rotunda negativa a los peajes, que contribuyen a agravar la situación de las empresas y los autónomos y se suman a otros graves problemas, como la escalada del precio del combustible”.
Por último recuerdan que debería ser prioritario para los poderes públicos “apoyar a un sector considerado “esencial”, especialmente en situaciones de crisis como la que atravesamos”, aunque lamentan que “iniciativas de este tipo van en sentido contrario”.
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