La Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) vuelve a insistir en la necesidad de aplicar una moratoria en el calendario de renovación de flotas aprobado por el Ayuntamiento ante la ausencia de infraestructuras y la escasa oferta comercial de camiones y furgonetas eléctricos que facilite la renovación.
Tal y como señala la normativa que entra en vigor con fecha 1 de enero de 2023, cualquier vehículo pesado del tipo A, (sin distintivo ambiental), no podría entrar en el entorno definido por el distrito Centro de la capital, así como también quedará prohibido el acceso en esa fecha a los vehículos ligeros menos de 3.500 kg del tipo B (es decir matriculados antes del 2014). Del mismo modo, el calendario señala que desde enero de 2025, la prohibición se extendería a vehículos pesados de más de 3.500kg con distintivo B.
Con objeto de explicar las graves consecuencias de esta decisión, desde la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) han vuelto a insistir en “la necesidad de hacer ver a los políticos responsables de esta aplicación, el grave problema de desabastecimiento y de abandono de la profesión que la medida va a acarrear” afirman. Desde esta organización añaden que “el calendario es imposible de cumplir dada la escasa oferta de vehículos capaces de superar los requerimientos establecidos y el alto precio de los mismos, en especial, los vehículos pesados, situación imposible de asumir por la práctica totalidad de los profesionales que se ven abocados al abandono de la profesión o a su ejercicio en otros entornos de la geografía”.
De la misma forma, esta organización resalta un nuevo dato objetivo; el plazo de entrega ofrecido por los concesionarios capaces de suministrar vehículos de estas características, se sitúa a día de hoy en algo más de 12 meses, “un dato más que pone en evidencia imposibilidad de cumplimiento y en la necesidad de asumir medidas correctoras urgentes”.
Por otro lado, tal y como señala Antonio Villaverde, presidente de ATA se produce el sinsentido de que si bien hay ayudas para renovación del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, existen requisitos en las dos administraciones que hacen que no se puedan otorgadas a los transportistas por lo que carecen de utilidad para el fin para el que son creadas. “Respecto al Ayuntamiento, como ya denunciamos en su día, las ayudas son concedidas a vehículos con impuesto de circulación en la ciudad cuando la gran mayoría se encuentran en polígonos próximos a ella. Respecto a la Comunidad, las ayudas son concedidas sólo a vehículos eléctricos, tecnología que en muchos casos, para vehículos pesados, no se encuentra desarrollada en el mercado. Una muestra más de la falta de realismo y la ausencia de participación en la toma decisiones”.
No confundir deseo y realidad
Desde ATA ponen de manifiesto, el “error que supone para los políticos confundir deseos y realidad”. Un aprueba más de este error nos llega esta misma semana desde el consejo de la Unión Europea, que se ha visto obligado a revisar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica para vehículos pesados en Europa, para disponer de infraestructuras a lo largo de sólo el 15% de la red transeuropea de transportes en 2025, que aumentará al 40% en 2027. Además, el Consejo introduce varias excepciones para la infraestructura de recarga eléctrica tanto para furgonetas como camiones eléctricos pesados, “un nuevo contrasentido que debe hacer reflexionar sobre el punto real en el que nos encontramos y el camino lógico para llegar donde todos deseamos”, a juicio de ATA.
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