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Desde la organización defienden   que los autónomos y las pequeñas empresas no pueden continuar siendo las financieras de las grandes empresas.


El presidente de UPTA, Eduardo Abad, alerta sobre la situación por la que atraviesan miles de pequeños negocios y profesionales autónomos en nuestro país. “Las empresas a las que los autónomos les vendemos productos o les realizamos servicios continúan haciendo de nuestra necesidad un negocio millonario para ellos. El retraso en abordar un cambio en profundidad de la Ley de morosidad que determine claramente los tiempos de pago de las facturas emitidas y regule el hasta ahora inexistente sistema sancionador, obliga al colectivo a costear sus operaciones financieras y además el estado les esté concediendo un crédito fiscal al que los autónomos y pequeños negocios no podemos acceder”, ha defendido Abad.

Según el presidente de UPTA, en la actualidad hay muchos clientes  que pagan a sus proveedores incluso a 200 días, una morosidad que sufren en su día a día  pequeños negocios manufactureros, transportistas y profesionales de toda índole. A su juicio, lo grave no es sólo la espera que se produce a la hora de cobrar la factura, “el gran problema es el anticipo del IVA correspondiente que obliga al autónomo al adelanto de cantidades económicas”, afirma Abad, además de ser testigo de “como estas grandes empresas deducen en el trimestre en el que reciben la factura como gasto una cantidad, que aún no han abonado a su proveedor, con lo que al final son los autónomos los que les facilitan el crédito fiscal, y esta situación es a todas luces es inaceptable”.

Para ejemplificar la magnitud del problema, UPTA tira de una simple operación matemática:
Sirva como ejemplo una empresa que compra mercancías a sus proveedores en el mes de febrero por valor de un millón de euros, en la liquidación trimestral que se realiza a la agencia tributaria en concepto de IVA soportado, tendrán una deducción de 210 mil euros sin haber realizado el pago de las facturas a los proveedores, es decir, imputan un gasto antes de realizarlo, con lo que una buena parte de su financiación la obtienen de esta manera.

Además,  denuncia la organización de autónomos la Ley de morosidad parece que incumple hasta su propia filosofía en los plazos a los que se han comprometido los partidos políticos. “Han realizado únicamente parches-  añade Eduardo Abad-como la puesta en marcha del sistema de devengo de caja con el fin de suavizar la situación, pero esta solución ya ha quedado patente que ha sido un fiasco, puesto que los autónomos o las pequeñas empresas que pretenden poner este sistema en funcionamiento se quedan sin el cliente, ya que son las dos partes las que tienen que estar en él”.

Esta misma semana  con la negociación de  las modificaciones que se deberían llevar a cabo de forma urgente abierta, denuncia UPTA que “para nuestra sorpresa, nos han transmitido que no existe un consenso suficiente para eliminar los denominados pactos entre empresas, cuestión esta vital para que la parte predominante (cliente) no pueda ejercer una posición de fuerza sobre su proveedor”.

Los únicos que parecen que si están siendo capaces de aplicarse lo ya dispuesto en la actual normativa son las administraciones públicas que han rebajado en una parte muy importante los días de demora en los pagos a sus proveedores.

Por ello desde UPTA exigen  se termine con esta situación dantesca y que “se adopten urgentemente los pactos necesarios para que podamos disponer de una verdadera Ley de morosidad justa y equitativa para todos, y queremos recalcar que UPTA comparte absolutamente cada uno de los puntos que desde la plataforma de la morosidad se están poniendo como solución a la situación actual”.

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