Solo el 14% de las grandes empresas paga en plazo en España

Las grandes empresas en España pagan sus facturas mucho peor que las microempresas, una situación que está generando tensiones financieras en miles de pequeñas compañías, incluidas muchas del sector del transporte por carretera. Así lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que alerta de un problema estructural en la cadena de pagos empresarial.

Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, apenas el 14% de las grandes empresas liquida sus facturas en la fecha acordada, frente al 51% de las microempresas. Esta diferencia evidencia un desequilibrio significativo en las relaciones comerciales entre compañías de distinto tamaño dentro del tejido productivo español, donde las pymes representan el 99,8% de las empresas.

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el retraso en los pagos se ha convertido en una práctica habitual que perjudica especialmente a los proveedores de menor tamaño. “Pagar tarde se ha institucionalizado; para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, advierte el dirigente empresarial, recordando además declaraciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en las que alertaba sobre el impacto de la morosidad en la economía.

Impacto directo en el transporte por carretera

Pese a que en el último año hemos asistido a una reducción importante de la morosidad  en el sector del transporte por carretera, con una bajada de los plazos de pago que por primera vez se sitúan,  de media,  dentro de lo establecido en la Ley,  aún sigue siendo un problema en vías de solución.

Lo cierto es que  en sectores intensivos en pymes como el transporte por carretera y la logística, la morosidad puede convertirse en un problema crítico. Muchas empresas de transporte —desde autónomos hasta pequeñas flotas— dependen de ciclos de cobro relativamente rápidos para cubrir costes operativos inmediatos como combustible, mantenimiento, salarios o financiación de vehículos.

Cuando los clientes retrasan los pagos más allá de los plazos pactados, la liquidez se reduce y las compañías se ven obligadas a recurrir a financiación externa o a retrasar sus propias obligaciones.

Según el Observatorio europeo, el 31% de las empresas reconoce haber aplazado sus pagos a proveedores porque ellas mismas cobran tarde. Este fenómeno genera un efecto dominó que recorre toda la cadena de suministro.

Para el transporte de mercancías, donde los márgenes suelen ser ajustados, estos retrasos pueden comprometer inversiones en renovación de flotas, digitalización o transición energética, elementos clave para mejorar la competitividad del sector en los próximos años.

Un marco legal europeo en revisión

Desde la PMcM consideran que el actual marco normativo comunitario no ha logrado frenar la morosidad. La directiva vigente establece un plazo máximo de pago de 60 días en operaciones entre empresas y de 30 días para las administraciones públicas, pero en la práctica estos límites se superan con frecuencia.

Ante esta situación, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento comunitario —COM(2023) 533— que sustituiría a la actual directiva y sería de aplicación directa en todos los Estados miembros. Entre sus principales medidas figuraban la fijación de un plazo único de pago de 30 días naturales, la creación de autoridades nacionales de supervisión y la introducción de sanciones automáticas para los incumplimientos.

Sin embargo, durante su tramitación en el Parlamento Europeo se han introducido algunas excepciones sectoriales que permitirían ampliar los plazos en casos justificados, como productos de baja rotación o estacionales.

El texto se encuentra actualmente en debate en el Consejo de la Unión Europea, donde las diferencias económicas y culturales entre los Estados miembros están dificultando el consenso. Países como Dinamarca o Países Bajos presentan elevados niveles de puntualidad en los pagos, mientras que en el sur de Europa los retrasos siguen siendo más frecuentes.

Mayoría empresarial a favor de limitar los plazos

Los datos del Observatorio europeo indican, no obstante, que una mayoría de las empresas respalda introducir límites más estrictos a los plazos de pago. El 41% de las compañías encuestadas apoya un plazo máximo obligatorio entre empresas, mientras que otro 23% lo respalda si se contempla cierta flexibilidad sectorial.

En conjunto, el 63% de las empresas europeas se muestra favorable a algún tipo de limitación legal, siendo el plazo de 30 días la opción preferida.

Para la PMcM, el debate comunitario representa una oportunidad clave para cambiar una cultura empresarial que penaliza especialmente a las pequeñas compañías. “La pregunta es si Europa protegerá de verdad a las pequeñas empresas o si volverá a prevalecer el interés de quienes imponen los retrasos”, subraya Cañete.

La organización insiste en que un reglamento con mecanismos efectivos de supervisión y sanción permitiría mejorar la liquidez de las pymes, reforzar la estabilidad de sectores estratégicos como el transporte por carretera y favorecer un crecimiento económico más equilibrado