Según los últimos datos actualizados se pusieron más de un millón de multas, de las cuales hasta la fecha se habrían cobrado cerca de 170.000.
El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma --y tiene que decir sobre el segundo--, el Gobierno procederá a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial.
Según estas fuentes, el Ejecutivo ha creado ya equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.
La devolución se llevará a cabo "de oficio" por la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.
En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que tienen la competencia en esta materia transferida. De hecho, el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció a principios de octubre que se procedería a la devolución.
El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma --desde el 14 de marzo al 21 de junio--, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma --desde 26 de octubre hasta mayo--, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra en mayo al informar de que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, el 50,1% del total.
Las delegaciones del Gobierno tramitaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'
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