El ministerio de Fomento da marcha atrás y limita la “acción directa”

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Benito Armero | Redacción

19 Octubre 2012

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La medida, consistente en la posibilidad de que el transportista pudiera reclamar contra el cargador principal en caso de impago por parte del intermediario, ahora sólo podrá llevarse a cabo siempre que el cargador no haya pagado previamente al intermediario, al contrario que en otros países.

Este miércoles 17 y jueves 18 de Octubre se han celebrado en la sede del Ministerio de Fomento las primeras reuniones de los Grupos de Trabajo que fueron planteadas por la Ministra de Fomento en la reunión que mantuvo con las organizaciones nacionales de transportistas el pasado 10 de septiembre.

Las organizaciones han planteado al Ministerio de Fomento un paquete de medidas dirigidas al Gobierno para mejorar la actual situación del sector del transporte por carretera en los diferentes ámbitos o Grupos de Trabajo.

En lo que se refiere al anteproyecto de modificación de la LOTT, que está ahora mismo en fase de estudio por el sector, el Subdirector General de Normativa, Emilio Sidera informó al Comité de las últimas modificaciones introducidas, que suponen un jarro de agua fría para el sector.

Así, la medida de protección consistente en la posibilidad de que el transportista pudiera reclamar contra el cargador principal en caso de impago por parte del intermediario, ahora sólo podrá llevarse a cabo siempre que el cargador no haya pagado previamente al intermediario. Esta propuesta de medida limita la reivindicación planteada por las organizaciones de transportistas que solicitaban que se regulara la denominada “acción directa” existente en otros países europeos, que permite al transportista reclamar al cargador inicial (propietario de la mercancía) ante la falta de pago del intermediario, haya o no cobrado por parte del cargador o de otro intermediario. Por otro lado, y pese a también a lo manifestado recientemente por la Ministra de fomento, Ana Pastor, el Anteproyecto de ley elaborado por Fomento, recoge, en su última redacción, su intención de desregular el transporte ligero y propone limitar la eficacia de la medida de protección ofrecida al sector. De hecho, los transportistas titulares de vehículos de transporte de 2 a 3’5 toneladas se les exigirá disponer de establecimiento y otros requisitos técnicos ( firma electrónica y equipamiento informático), pero no se les exigirá poseer capacitación profesional de transportista ni realizar el visado de su autorización de transporte.