El Consejo de la UE, contrariamente al Parlamento Europeo, envía una señal de que el cambio a los vehículos de cero emisiones no es una prioridad para el transporte comercial por carretera, según denuncia IRU.
La propuesta de la Comisión Europea sobre el despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos (AFIR), quedó ayer significativamente diluida por los gobiernos de los Estados miembros de la UE, concretamente a través de las propuestas de los ministros de Transportes de los Estados miembros, reunidos ayer en Luxemburgo, en claro contraste con las disposiciones más ambiciosas que se están debatiendo en el Parlamento Europeo.
Así, los objetivos de construcción de infraestructuras de recarga eléctrica para vehículos pesados se revisaron para disponer de infraestructuras a lo largo de sólo el 15% de la red transeuropea de transportes (RTE-T) en 2025, que aumentará al 40% en 2027. Además, el Consejo introduce varias excepciones para la infraestructura de recarga eléctrica tanto para furgonetas como camiones eléctricos pesados en las carreteras que experimentan menores niveles de tráfico, donde los Estados miembros pueden ir incluso más allá de los objetivos no ambiciosos acordados.
Los objetivos para la infraestructura de recarga de hidrógeno recibieron un tratamiento similar. El texto de compromiso elimina la disposición de desplegar estaciones de repostaje de hidrógeno en la red global de la RTE-T y en los nodos urbanos. La importancia de contar con una infraestructura de combustibles alternativos suficientemente disponible en toda la red RTE-T es fundamental para que los operadores de transporte por carretera realicen el cambio a la tecnología de combustibles alternativos. En opinión de IRU, “la ausencia de infraestructuras de carga y repostaje no deja ninguna posibilidad de que los operadores de larga distancia adopten las tecnologías eléctricas y de hidrógeno”.
El despliegue de esta infraestructura básica de carga, apunta cada día más, en opinión de IRU, a una división dentro de la UE, “con un grupo de países que mantengan altas sus ambiciones nacionales y otros que muestren un progreso lento o nulo en el despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos”.
A este respecto, Raluca Marian, director de promoción de la UE de la IRU, apuntó que "la descarbonización del transporte por carretera requiere una inversión sustancial tanto de las empresas como de los Estados. El compromiso del Consejo muestra que la mayoría de los Estados miembros de la UE no están dispuestos a asumir su parte de esfuerzo. Los objetivos del 15% para la infraestructura de los combustibles alternativos son objetivos del 0% porque esto dará lugar a una cobertura incompleta que no servirá para el propósito. ¿Aconsejarían los ministros a los operadores de transporte que compraran un vehículo eléctrico o de hidrógeno para el transporte de larga distancia en 2025 o 2027 con sólo el 15% o el 40% de la infraestructura de recarga necesaria?
Como consecuencia directamente relacionada, desde IRU también ponen el foco en la política fiscal que pueda desarrollarse a costa de los combustibles alternativos, esperando que " los legisladores de la UE sean coherentes en su enfoque y no se apresuren a imponer impuestos energéticos adicionales y tasas sobre el CO2 para los vehículos comerciales mientras los gobiernos no permitan el cambio a los vehículos de cero emisiones en un futuro próximo”, reclamando al mismo tiempo que “la próxima revisión de las normas de CO2 para vehículos pesados se sincronice con las expectativas de la infraestructura de combustibles alternativos".
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