Sin embargo, en opinión de Fetransa, “el informe es bastante flojo a nivel técnico”, pues “no entra a valorar la carga fiscal que existe entre unos y otros”, ha afirmado José Carlos López Jato, vicepresidente de Fetransa. Jato defiende que los costes que asume un transportista autónomo por cada tractora son superiores a los de las empresas de tamaño medio y grande. Y cifra ese sobrecoste, por término medio en unos 5.000 euros, ya que, según sus datos, mientras a una empresa con más de 20 camiones soporta una media de 123.000 euros por camión y año, a un transportista autónomo le cuesta 124.000 euros por término medio.

Por otra parte, defienden desde Fretansa, tampoco los cálculos sobre kilometrajes anuales son muy correctos pues se parte de una media de 120.000 euros, de los que 102.000 se realizarían con carga, “cuando la realidad es que los transportistas recorren un promedio de 140.000 – 145.000 kilómetros, el 90% cargados”, asegura López Jato.
Otro de los capítulos señalados por Fetransa se centra en la mayor cotizaciones social de los autónomos, un 30%, frente al 28,30% de las empresas, aunque tal y como reconoce el vicepresidente de Fetransa “lo que pagamos al sistema se compensa con unas contraprestaciones en materia de protección social mucho mejores que las de los compañeros del resto de países europeos”.
A todo lo anterior habría que sumar, según Fetransa , que muchos de los transportistas acogidos al régimen de módulos trabajan para operadores logísticos, en los que el kilometraje se paga entre 0’60 y 0,63 céntimos, diez céntimos por debajo de la tarifa habitual, y que en la práctica significa que “muchos llegan muy justos o incluso no llegan casi a cubrir sus costes y, sin embargo, cumplen con sus obligaciones fiscales”.
Por último, señalan que los datos podrían haber sufrido alguna variación, ya que las estadísticas de Rendimientos de Actividades Económicas publicadas por la AEAT cuentan con un decalaje de más de dos años. Es decir, los últimos reflejan la situación del ejercicio de 2016.
Lejos de ser considerado un perjuicio, desde Fetransa afirman que “no se puede demonizar un sistema que, sí, es más sencillo, pero eso nos significa que sea malo ni que establezca desigualdades”. Desde esta organización defienden el carácter “garantista” de este sistema por el que tributan más de 110.000 autónomos del sector del transporte ya que pase lo que pase, aunque el profesional no consiga obtener los ingresos previstos o se incrementen sus gastos por, por ejemplo, que suba el precio del diésel, tendrá que pagar al fisco el importe acordado el uno de enero de cada ejercicio. “Algo que no ocurre en aquellos que optan por el sistema de estimación directa que, en el caso de que no obtengan beneficios, ven reducida su carga impositiva puesto que no tienen que abonar cuantía alguna por Impuesto de Sociedades, además de poder acogerse a una serie de deducciones que son ajenas a un transportista por cuenta propia, lo que reduce aún más su factura fiscal. “De hecho- señala López Jato- la propia Agencia Tributaria calcula que el tipo real por el que acaban pagando las compañías del sector del transporte es del 10,95% de media”.
Por el contrario, desde la asociación que representa a los transportistas autónomos ya han avisado con anterioridad de los efectos no deseados que puede tener la eliminación sin más de los módulos, que en su opinión supondría por un lado “la deslocalización de transportistas autónomos de calidad y generadores de empleo” y, por otro, “la proliferación de cooperativas fraudulentas que emplean la figura del falso autónomo para operar”. Y es que pasar de un sistema a otro puede elevar los costes de los autónomos entre 6.000 y 12.000 euros cada año. Y en el caso concreto del IRPF de los transportistas la cantidad es, según el vicepresidente de Fetransa, “de entre 1.000 y 3.000 euros anuales, dependiendo del coste al que opera el kilómetro”. un incremento que podría dejar fuera del mercado a muchos de ellos.
Frente a la eliminación drástica de los módulos, desde Fetransa se muestran favorables a una armonización fiscal, que ya defendieron con una propuesta al Ministerio de Fomento que se centra “en la revisión de los índices por tonelada” y en el establecimiento de un “periodo de transición gradual que permita una salida digna a los transportistas de entre 60 y 65 años”.
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