La no convalidación del Real Decreto-ley implica que, si no se adopta una solución alternativa en las próximas, más de 30.000 transportistas autónomos podrían verse obligados a abandonar el régimen de módulos
El Congreso de los Diputados ha rechazado por segundo año consecutivo la prórroga del límite de facturación anual de 125.000 euros que permite a los transportistas autónomos continuar acogidos al régimen de estimación objetiva (módulos) en 2026.
Al igual que ocurriera el año pasado, el Gobierno ha decido incluir esta prórroga en el Real Decreto-ley de medidas sociales y económicas para 2026, aprobado en el último Consejo de Ministros del año, un decreto que incluye varias medidas (decreto Omnibus), algunas de ellas suscitan mucha controversia como la revalorización de las pensiones, por lo que su aprobación pendía de un hilo.
Sea como fuere, la decisión vuelve a generar una situación de inseguridad jurídica y fiscal para decenas de miles de profesionales del transporte por carretera.
Más de 30.000 transportistas, en el "limbo" fiscal
La no convalidación del Real Decreto-ley implica que, si no se adopta una solución alternativa en las próximas semanas —ya sea mediante un nuevo decreto o una instrucción administrativa excepcional—, más de 30.000 transportistas autónomos podrían verse obligados a abandonar el régimen de módulos y pasar a tributar por estimación directa durante el resto del año.
Recordemos que el año pasado ya ocurrió lo mismo y la incertidumbre se mantuvo hasta bien entrado el mes de marzo, una situación que resulta especialmente problemática porque muchos profesionales iniciaron 2026 planificando su actividad bajo un régimen fiscal que ahora podría modificarse a mitad de ejercicio, con el consiguiente impacto económico, contable y administrativo.
Un problema recurrente por falta de estabilidad normativa
Ante lo que ya se asemeja a un “día de la marmota” para los autónomos, primero con la incertidumbre cada final de año de si habrá prórroga para los límites que permiten tributar en módulos, y después una vez prorrogados porque el congreso los tumba, el sector vuelve a denunciar que la inestabilidad normativa, derivada de decisiones políticas ajenas a la realidad económica del transporte por carretera, dificulta la planificación empresarial de los autónomos.
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