Los autónomos en quiebra podrán librarse del 70% de la deuda con Hacienda

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Benito Armero | Redacción

17 Julio 2019

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El Tribunal Supremo enmienda en una sentencia la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015 para dar a los emprendedores la posibilidad de comenzar de nuevo que dejaba fuera la exoneración de los créditos con el Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social.

Los autónomos en quiebra podrán librarse hasta de un 70% de las deudas que hayan contraído con la Administración Pública y abonar de forma fraccionada el importe restante para que puedan volver a empezar en una nueva actividad empresarial siempre y cuando así lo estimen los jueces. El Tribunal Supremo enmienda en una reciente sentencia -que data del pasado 2 de julio- la Ley de Segunda Oportunidad que, aprobada en 2015 para dar a los emprendedores la posibilidad de comenzar de nuevo, dejaba fuera la exoneración de los créditos con el Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social.

El Supremo amplía ahora la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería al desestimar el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca –¬de diciembre de 2015–¬ en la que se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

El Supremo amplía en dicha sentencia la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que la Ley dejaba fuera de exoneración y convertían, como ya denunció ATA en su momento afirmando que para los autónomos persona física “la Ley sólo tenía de Segunda Oportunidad el título”

El fallo no solo deja en manos de los juzgados de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público (hasta ahora Hacienda tenía la última palabra), sino que de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota). Mientras que el resto —crédito privilegiado— podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.

“Ha tenido que llegar el Tribunal Supremo para decir lo que desde ATA llevamos diciendo años, que no podía existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos” señala Lorenzo Amor, Presidente de ATA que pide “que se modifique y corrija cuanto antes la Ley en el sentido de la Sentencia.

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