Empresas y autónomos podrán aplazar hasta seis meses el pago de las cuotas, así como se les dará de plazo hasta final de junio para abonar sus deudas con la Seguridad Social
El anuncio hecho por la ministra portavoz, María Jesús Montero, aclara en primer lugar, que se ha dado luz verde a una moratoria a empresas y autónomos de hasta seis meses para el pago de las obligaciones con la Seguridad Social. De esta forma, podrán demorar su pago sin intereses ni recargos de las cotizaciones que deban efectuarse en los meses de mayo, junio y julio. Estas cuotas se deberán abonar seis meses después.
Los requisitos para poder solicitar esta moratoria se establecerán a través de una Orden Ministerial y se pondrán en marcha modos ágiles de comunicación de solicitudes y respuesta de la Administración.
La moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por ERTEs por fuerza mayor a causa del coronavirus.
Además, las empresas y autónomos que finalmente se puedan acoger, podrán solicitar un aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%, interés siete veces inferior al establecido. Es imprescindible para poder acceder a estos aplazamientos, que las empresas o autónomos se hayan visto afectados por la situación provocada por el COVID-19, además de no tener ningún aplazamiento en vigor anterior.
Se debe solicitar antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota. Además, para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello.
Además las empresas y autónomos que pudieran no tener derecho a la moratoria también podrán solicitar el aplazamiento antes mencionado al 0,5% durante los periodos de pago de mayo y junio.
El objetivo de estas medidas es dar liquidez a empresas y trabajadores autónomos ante las dificultades causadas por la crisis del COVID-19 y favorecer el despegue de la actividad una vez deje de estar en vigor el estado de alarma.
La medida, si bien ha sido acogida con satisfacción por el colectivo de autónomos, no cubre las expectativas que tenían asociaciones como ATA. Lorenzo Amor, presidente de esta federación , dio la bienvenida a esta medida que “va a ayudar a los más de 3,2 millones de autónomos, uno de los colectivos más perjudicados por la crisis”, pero se lamentó de que llega tarde. Acusó al Gobierno de seguir “improvisando” y le echó en cara hacerlo con 15 días de retraso y después de haberse celebrado seis consejos de ministros.
Por otra parte, para los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida con motivo de la entrada en vigor del decreto de alarma y se les reconociera el derecho al cese de actividad desde el mes de marzo, se han eliminado los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la exención en el pago de las cotizaciones sociales.
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