La Guardia Civil actúa contra el cabotaje ilegal en nuestro país

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Benito Armero | Redacción

07 Julio 2015

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Se trata de transportistas extranjeros que de forma permanente y continua trabajaban en nuestro país en las grandes obras públicas de infraestructuras como las nuevas líneas del AVE y tramos de autovías

A requerimiento de varias asociaciones de transportistas gallegas, integradas en FENADISMER, la Guardia Civil de Tráfico estableció el pasado mes de Junio en la frontera con Portugal un dispositivo de vigilancia y control de vehículos matriculados en países de la Unión Europea que pretendía realizar transporte interior (cabotaje) en España. Concretamente, se trata de transportistas extranjeros que de forma permanente y continua trabajaban en nuestro país en las grandes obras públicas de infraestructuras, en concreto, en las nuevas líneas del AVE y tramos de autovías que actualmente se encuentran en ejecución.

La normativa europea establece que los transportistas pertenecientes a un Estado miembro sólo podrán realizar transporte en el interior de otro Estado (en este caso, España) por un plazo máximo de 7 días y siempre que sea como continuación de un transporte internacional que previamente haya realizado dicho transportista extranjero, lo que debe acreditarse mediante el correspondiente documento de transporte internacional, denominado CMR.

En los últimos meses las asociaciones de transportistas de la comunidad gallega han venido detectando la presencia masiva de transportistas extranjeros que de forma permanente y continua trabajaban en nuestro país en las grandes obras públicas de infraestructuras, en concreto, en las nuevas líneas del AVE y tramos de autovías que actualmente se encuentran en ejecución.

La Guardia Civil de Tráfico llevó a cabo este pasado mes un operativo de seguimiento y vigilancia, interceptando a varios camiones que llevaban los documentos de control CMR falsificados, ya que figuraban servicios de transporte internacional que no habían sido realizados, para realizar transporte en España al amparo de dichos documentos simulados.

Dichas actuaciones ilegales pueden dan lugar a la comisión de al menos dos infracciones muy graves a la legislación de transporte, lo que conlleva una sanción económica por cada vehículo de 8002 euros y la inmovilización del mismo.