Empresas de transporte valencianas se instalan en Cuenca para pagar menos

Según denuncia CCOO también son  “empresas buzón” y   se pueden ahorrar hasta 470 euros al mes por trabajador por la diferencia de salarios recogidos en ambos convenios

Hasta ahora conocíamos el fenómeno de las “empresas buzón” internacionales, es decir , aquellas que se radicaban en países, fundamentalmente del Este de Europa para beneficiarse de los menores costes laborales. Ahora, según denuncia CCOO algunas empresas del sector de transporte de mercancías por carretera que operan en la provincia de València emulan esta práctica, instalando su domicilio social en Cuenca para pagar menos salarios y Seguridad Social. El beneficio: pues según el sindicato alrededor de 470 euros al mes por trabajador, gracias a la diferencia salarial (al alza) establecida en el convenio valenciano.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO País Valencià ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, que en sus resoluciones está requiriendo a estas empresas a abrir sus centros de trabajo en València, a aplicar el convenio colectivo de la provincia y a retribuir y cotizar por sus trabajadores como es preceptivo. Estas empresas “buzón”, siempre según CCOO, estarían trabajando en el Puerto de València.

Desde Fetransa, han condenado el uso de estas prácticas, que se producen, en su opinión, “por una política de inspección de transportes (y en este caso de Trabajo) demasiado laxa, en el puerto”. Desde esta organización recuerdan que, este problema de las empresas buzón “que estamos acostumbrados a ver en el transporte por carretera con empresas que trasladan su sede a países fundamentalmente del este de Europa, también existe en España, debido a los diferentes convenios colectivos provinciales que tenemos en nuestro país”. “Este problema, aclara Víctor González, presidente de Fetransa, se solucionaría si contáramos con un convenio único para todo el territorio, tal y como hemos venido demandando desde Fetransa”.

Fraude de ley

Esta práctica supone "un fraude", ya que, según CCOO, “el Tribunal Supremo unificó doctrina estableciendo que el convenio de aplicación es el del lugar en el que se desarrolla la actividad, y no donde la compañía decida domiciliar su sociedad”. El sindicato calcula que, aproximadamente, "7.000 trabajadores y trabajadoras se encuentran en esta situación fraudulenta", por la que, “la Seguridad Social estaría dejando de ingresar unos 170 euros por trabajador o trabajadora al mes".

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