Adiós al gasóleo profesional

España ha tenido que armonizar la fiscalidad al finalizar el plazo que permitía desde 2003 aplicar un trato fiscal diferente para el gasóleo que se usaba con fines profesionales, una vez que ha acabado la moratoria concedida por la UE. 

En la práctica, y aunque oficialmente la figura sigue existiendo, supone la desaparición del Gasóleo profesional y un nuevo varapalo para el sector.
El Gobierno, va a lograr un mínimo de 200 millones de euros más de ingresos en su lucha contra el déficit, aunque al implementar esta medida no ha hecho más que aprovechar lo fijado por la Unión Europea en la directiva 2003/ 96, que establece que a partir del 1 de enero de 2012 debe desaparecer en Europa el gasóleo profesional. El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgen- tes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público, en la disposición final sexta, modifica la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, de manera que,  con efectos desde el 1 de enero de 2012 se modifica la letra a) del apartado 6 del artículo 52bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Esto viene motivado por la incorporación del derecho de la Unión Europea, contenido en la Directiva 2003/96/CE, del Consejo de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos”. 

En la práctica esto significa que desde el 1 de enero de 2012, se modifica la cuantía a devolver en concepto de gasóleo profesional, dado que la Directiva marca una nueva referencia de 330€/100 litros, que restados los 24€/1000 litros de la parte estatal del IVNH (céntimo sanitario), se queda en 306€/1000 litros, para restar de los 307€/1000 litros que tiene actualmente España, quedando así la devolución en 1€/1000 litros (307-306 = 1) con un máximo del 50€ año/camión.Pese a las demandas de las asociaciones de transportistas de las últimas semanas, la supresión era demasiado tentadora como para obviarla.

Descontento en el sector
En este sentido, hay que tener en cuenta el malestar creciente en los profesionales del sector como consecuencia del aumento continuado de los costos de explotación de la actividad de transporte durante estos ya largos cuatro años de crisis económica (por ejemplo, el gasóleo se incrementó durante 2011 un 12%), a la par de la dejadez de las diferentes Administraciones, que históricamente han dejado de lado a un sector como este, tan importante y determinante para la economía de un país.

Junto a esta subida de los carburantes, el sector también tendrá que lidiar con el incremento de los peajes de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, que  subieron a 1 de enero un promedio del 3,2%, lo que supone el mayor incremento desde 2009. En concreto, el aumento del precio de las vías de peaje para este año será superior a la inflación (2,9% interanual a fines de noviembre) y más del doble respeto de la subida del1,44% aplicada en 2011. Además, a esta actualización será preciso sumar los incrementos adicionales que el Gobierno autorizó aplicar a determinadas concesionarias como parte de las medidas que acordó ante el riesgo de quiebra que presentan.  

Una de cal y otra de arena
La fiscalidad de los carburantes también nos deja en estos primeros días del año noticias dispares. El céntimo sanitario o impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos lo aplican en la actualidad ocho de las quince comunidades autónomas de régimen general a las que se incorporará Castilla y León a partir del 1 de marzo.
Además, Castilla y León será la Comunidad con el tipo impositivo más alto de céntimo sanitario, junto a la Comunidad Valenciana y Cataluña, que subirá la tasa al 4,8 a partir de marzo, lo que para la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) «penaliza- rá gravemente la actividad del sector del transporte en la Comunidad, contribuirá directamente a un incremento añadido de la inflación y pondrá en clara desventaja al tejido empresarial de Castilla y León en relación con el de las comunidades más próximas que no han hecho uso de este recurso impositivo como Cantabria, el País Vasco, La Rioja y Aragón». En el informe de la Cecale se critica la «discriminación fiscal» existente entre comunidades.El presidente de Altradime en León, Pablo Lorenzo Vidal, calcula que el céntimo sanitario le costará a cada camionero 2.500 euros al año, que no pueden repercutir en el consumidor «por lo que, evidentemente, los camiones de largo recorrido iremos a repostar a otras comunidades». En el otro extremo, enero nos deja la determinación de la Comunidad Valenciana que ha decidido devolver a los profesionales del transporte el tra- mo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. La devolución de la cuota autonómica del Impues-to sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos a los profesionales del transporte supondrá al sector en la Comunitat un ahorro de unos diez millones de euros.

El decreto-ley de medidas urgentes del Consell para reducir el déficit público establecía el  gravamen autonómico de este impuesto en el tramo más alto, 48 euros por 1.000 litros en gasolinas, gasóleos de uso general y queroseno y 2 por tonelada de fuelóleo.  La devolución no puede exceder de la que correspondería a 50.000 litros/vehículo/año para vehículos de transporte, con lo que cada vehículo se va a poder desgravar 2.400 euros, lo que supondrá para el sector del transporte de la Comunitat, según la Generalitat, un ahorro superior a 10 millones de euros. 

Para la devolución, los transportistas se tendrán que inscribir en el Censo de usuarios del gasóleo profesional y de vehículos destinados al transporte y haber pagado con tarjeta de gasóleo profesional (en gasolineras) o relacionar los suministros (en el caso de suministros efectuados por instalaciones propias del usuario). 

Será la oficina gestora de los Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del usuario del gasóleo profesional el encargado de hacer efectivas las devoluciones.En Asturias, por su parte, el gobierno regional ha incluido entre sus compromisos la supresión del tramo autonómico del tributo sanitario, implantado en el Principado en el año 2004.