La Delegación del Gobierno de Madrid no autoriza la marcha de camiones sobre Madrid

Las asociaciones de transportistas, que consideran carente de fundamentación dicha medida,  la han recurrido judicialmente.

La Delegación del Gobierno en Madrid, mediante Resolución de fecha 13 de Febrero de 2013, ha denegado la celebración de la Marcha lenta de camiones prevista para el próximo miércoles 20 de Febrero por la ciudad de Madrid para protestar contra la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que tramita el Congreso de los Diputados.  
Como se recordará durante la Asamblea de transportistas de vehículos ligeros celebrada el pasado sábado, tras analizar las dramáticas consecuencias que va a ocasionar en su actividad económica y laboral el proyecto de modificación de la ley de transporte, acordaron un calendario de movilizaciones que se iniciaba con la citada manifestación y marcha de camiones.
La Delegación de Gobierno en Madrid, que dirige Cristina Cifuentes, alega en su Resolución que dicha marcha “supone un grave riesgo de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”, y que la misma puede afectar “a la regular prestación de servicios públicos esenciales con incidencia en la seguridad: ambulancias, bomberos, policía …”.
Frente a dicha resolución, las asociaciones convocantes han presentado este viernes el correspondiente recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por entender que los motivos que fundamentan la citada resolución no se ajustan ni a la legislación vigente ni a la jurisprudencia sobre la materia, lo que resulta especialmente grave tratándose de un derecho fundamental previsto en la Constitución Española.

Para los convocantes resulta aún más sorprendente el fundamento invocado de la inviolabilidad parlamentaria, pese a que el itinerario de la manifestación propuesta transcurría por el Paseo de la Castellana hasta la Glorieta de Atocha, esto es, a más de un kilómetro de distancia de la sede del congreso de los Diputados, pese a lo cual se fundamenta que la manifestación “no puede ser autorizada en la medida que implica, en sí misma, un presión psicológica a los parlamentarios … que tienen un perfecto derecho fundamental a no ser perturbados en el ejercicio de sus funciones y a ejercerlas, desde luego, sin presiones de ningún tipo”.