Las administraciones españolas cumplirán los plazos marcados por Europa en su directiva sobre Morosidad

Cristóbal Montoro, sin embargo, retrasa su aplicación hasta el mes de octubre

La Directiva Europea 2011/7, vigente desde el pasado 16 de marzo y publicada en el DOUE de 23/02/2011, obliga a las administraciones públicas a abonar sus facturas pendientes en el plazo máximo de 30 días. Y éste es el compromiso adquirido por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, en la reunión celebrada este pasado lunes con la asociación de autónomos ATA. Sin embargo, este compromiso tendrá que esperar ya que, como avanzó Montoro, las administraciones cumplirán estos plazos marcados por Europa, pero a partir del próximo mes de octubre. En caso de incumplimiento, las administraciones se enfrentarán a unos intereses de demora del 8%. Para poder cobrar lo que se le adeuda, el autónomo deberá denunciar el impago ante Hacienda, que a su vez descontará a comunidades autónomas y ayuntamientos el importe de dichas facturas de su participación en los ingresos del Estado.