La Administración se ha comprometido a presentar  un paquete de medidas de implantación efectiva para su discusión con el sector

El Comité Nacional del Transporte ha mantenido una primera reunión, el pasado viernes, con el Ministerio de Transportes convocada a instancia de la Secretaria de Estado,  Isabel Pardo de Vera, habiendo asistido también la Secretaria General de Transporte, doña María José Rallo y el Director General, don Jaime Moreno, acompañado de los subdirectores generales.

Según informa el Comité Nacional, en el curso de la reunión, que duró tres horas y media, se han iniciado conversaciones que se prolongarán en la próxima semana, con el compromiso por parte de la Administración, de proponer un paquete de medidas de implantación efectiva para su discusión con el sector. No obstante  los transportistas mantendrán la convocatoria de paro patronal previsto entre el 19 y el 22 de diciembre, al entender que si bien se constata la posibilidad de seguir negociando, por el momento  “ no se ha  obtenido resultado concreto estimable”.A partir de ahora, el órgano d representación del transporte esperará a recibir  “propuestas concretas” para continuar con las conversaciones.

Mano tendida

La secretaria de Estado, ,  Isabel Pardo de Vera,  ha reiterado por su parte  el compromiso del Ministerio con el sector del transporte de mercancías por carretera, “estratégico para el conjunto de la actividad económica del país”.

En la reunión, Pardo de Vera ha querido trasladar al sector del transporte por carretera  “que el Ministerio es consciente de las dificultades que atraviesa el sector, tanto estructurales como coyunturales”, y se ha ofrecido a buscar soluciones a las cuestiones que más preocupan al mismo y a continuar negociando con el Comité en un clima de diálogo y entendimiento.

La secretaria de Estado también ha hecho  un llamamiento a la calma y responsabilidad “para evitar un cese de actividad perjudicial tanto para el sector como para el conjunto de la sociedad”.

Decálogo de medidas  a negociar

    1.-Oposición a la tarificación de infraestructuras: presencia del Comité Nacional en cuantas mesas de debate de la cuestión se abran, y oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.

    2.-Modificación de la ley de contrato de transporte, derogar la posibilidad del pacto en contrario en los contratos del transporte (cambios en las condiciones del documento) que afectaría a las siguientes materias: plazos de pago, aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte y, por último, reducción del tiempo previsto para la paralización, y su pago efectivo por parte de los cargadores

    3.-Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes.

    4.-Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal.

    5.-Coordinación de planes de movilidad, negociación y racionalización en la política de transición ecológica.

    6.-Armonización fiscal en el sector del transporte: entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero de 2022

    7.-Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria, con certificación de área segura.

    8.-Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional: creación de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA).

    9.-Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la formación.

    10.-Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado

 

 

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