La nueva Ley francesa de lucha contra el cambio climático incluye entre otras novedades, la eliminación total del gasóleo profesional para camiones diésel en 2030, su prohibición de circulación por las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir de 2024 y el posible establecimiento de “ecotasas” por el uso de las carreteras francesas a partir de ese año

La tramitación y posterior aprobación de la Ley francesa de lucha contra el cambio climático sigue avanzando con paso firme, una vez que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Constitucional (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) y ha sido refrendada por ambas Cámaras Legislativas, con lo que  entrará próximamente en vigor.

Se trata de una ley que ha contado con el rechazo de las asociaciones de transportistas de aquel país por el contenido de algunas de las medidas que dicha Ley introduce y que suponen un duro golpe para la supervivencia de  muchas empresas  de transporte de mercancías por carretera. Además, es muy probable que afecte también a las más de 30.000 empresas transportistas españolas que se dedican al transporte internacional, para las que el país vecino es una ruta de obligado paso.

Así, entre las medidas más perjudiciales para el sector del transporte por carretera, la futura ley  establece la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. En apenas 3 años, los vehículos diesel o de gasolina ya no podrán circular libremente en dichas poblaciones, con el agravante de que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada,  lo que  abre la puerta a que se puedan producir  no pocos problemas de suministro y a la vez muchos transportistas verán reducida su actividad.

Por otro lado, se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de Enero de 2030,  una decisión que ha levantado duras críticas por parte de los transportistas, ya que que resulta incongruente que simultáneamente se permita seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040. En la práctica,  esto provocará  que  los transportistas serán gravados con impuestos mas elevados durante al menos 10 años.

Por último,  la  nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono. Esto significa, por tanto, que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40% desde la privatización de las empresas que las gestionan.

A ello se sumará la posibilidad que se establece para los Gobiernos regionales de implantar a partir de 2024 una “ecotasa” a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.

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