La empresa, en concurso de acreedores desde abril, tiene como principales acreedores a las entidades financieras con 41 millones y los proveedores (transportistas) con 24 millones de euros
 
La situación concursal de Transportes Souto ha dejado  en una situación muy grave a los  más de 700 transportistas que trabajaban para este operador logístico.  Tras  dejar de presta servicio a sus clientes,  la empresa  solicitó la Declaración de concurso voluntaria ante los Juzgados de lo Mercantil de Pontevedra, dictándose el correspondiente Auto judicial de declaración de concurso el pasado mes de Abril, concediéndose un plazo de un mes a los acreedores para que comunicaran los créditos que ostentaban frente a Transportes Souto.

Ahora la situación real de esta compañía ha salido a la luz y los datos no son nada optimistas: de los datos aportados durante este período al Juzgado que tramita el concurso, la masa pasiva total asciende a 70.274.236 euros, frente a un activo de 69.410.860 euros. Como principales acreedores se sitúan en primer lugar las entidades financieras, que suman un total de 41.677.558 euros, seguido de los proveedores y acreedores (incluyendo a los transportistas afectados, que ostentan un crédito total de 24.717.020 euros, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, con un total de 2.579.194 euros, y en último lugar los trabajadores asalariados, a los que se adeuda un total de 1.236.129’12 euros. Por lo que respecta a los transportistas, se da la circunstancia de que en muchos casos acumulaban una falta de cobro de hasta 6 meses de facturación de sus servicios.

Según ha justificado la compañía, la situación del sector, con caídas de volumen y presión en precios por la situación competitiva, la reducción del flujo de caja y la imposibilidad de refinanciación llevó a Transportes Souto a solicitar la correspondiente Declaración de concurso voluntaria ante los Juzgados de lo Mercantil de Pontevedra, dictándose el correspondiente Auto judicial de declaración de concurso el pasado mes de Abril, concediéndose un plazo de un mes a los acreedores.
 
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