14 asociaciones de transporte de países como Portugal, Dinamarca, Rumanía, Bulgaria o Irlanda solicitan que se excluya expresamente al transporte por carretera de la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, al igual que ocurre, por ejemplo, con el transporte marítimo.

La Asociación de Transporte Internacional de Carretera (ASTIC) ha trabajado junto a la Association for de Danish road transport of goods (ITD) de Dinamarca para elaborar un documento conjunto que ha sido respaldado por asociaciones sectoriales de otros 12 países. En el mismo y con total rotundidad se establece el convencimiento de los firmantes de que sus conductores no son trabajadores desplazados cuando realizan su labor a lo largo de las carreteras europeas y que la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores, por tanto, no debe aplicárseles puesto que está pensada para sectores de otra tipología cuyos empleados no tienen la alta movilidad que caracteriza a los conductores de transporte internacional.

“Los transportistas europeos-señalan desde ASTIC- pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y hasta cuatro fronteras de estados miembro de la U.E. por lo tanto carece de lógica aplicar una normativa como la DDT que está diseñada para trabajadores que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años en un Estado distinto al de origen del trabajador o del país en el que está contratado”.

“De continuar este estado de cosas, las empresas de transporte internacional por carretera deberán lidiar en Europa con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, lo que tendrá una repercusión especialmente negativa en las medianas y pequeñas empresas de transporte..."

La ITD danesa y la ASTIC española, han recabado la firma de otras 12 asociaciones de transporte por carretera europeas de Portugal, República Checa, Irlanda, Holanda, Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Estonia y Hungría, para firmar esta declaración conjunta.

Las 14 asociaciones coinciden también en señalar casos reales en los que, a través de leyes, como la Macron en Francia o la MiLog en Alemania, la directiva ha producido una enorme carga burocrática y un verdadero caos normativo que coloca a las empresas y a los trabajadores extranjeros en una flagrante indefensión jurídica.

“De continuar este estado de cosas, las empresas de transporte internacional por carretera deberán lidiar en Europa con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, lo que tendrá una repercusión especialmente negativa en las medianas y pequeñas empresas de transporte, con menos recursos y flexibilidad para atender a tan compleja situación normativa”, señalan estas asociaciones.

La declaración conjunta alerta que se está fomentando el que las empresas acaben por afrontar la reducción de sus operaciones transfronterizas, o bien recurran a la subcontratación de “autónomos” en detrimento del trabajo de sus propios conductores asalariados.

“Este tipo de actuaciones restringen de facto la libre circulación de personas y mercancías por los territorios de la Unión. Sin duda se pueden tildar de medidas proteccionistas que van en contra del espíritu de la UE. Cualquier traba que se le ponga al transporte internacional por carretera va contra los intereses de nuestras empresas afiliadas y, por tanto, contra los intereses de la economía española en su conjunto para la cual la actividad exportadora se ha convertido en un verdadero motor de crecimiento”, denuncia Ramón Valdivia, director general de ASTIC.

ASTIC, al igual que el resto de asociaciones firmantes, solicita que se excluya expresamente al transporte por carretera de la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, al igual que ocurre, por ejemplo, con el transporte marítimo.

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