REPORTAJE: El grave problema de la falta de conductores profesionales

La falta de acceso a la profesión ya es un problema que se vive a nivel mundial acrecentado ahora, una vez que se han dejado atrás los momentos más difíciles de la pandemia y que la recuperación económica se va encauzando. Según Transport Intelligence, en los próximos años Europa necesitará 400.000 conductores; España 15.000; Reino Unido 60.000-76.000; Alemania entre 45.000-60.000 y Francia, 43.000.

De hecho, Reino Unido ha sido uno de los primeros países europeos en notar una de las primeras consecuencias que puede dejarnos la falta de conductores profesionales: el desabastecimiento de tiendas y supermercados. Estados Unidos también se enfrenta a esta escasez y las empresas buscan desesperadamente conductores en el extranjero ante el aumento de los pedidos online.

En España, el fenómeno podría reproducirse en breve si no se revierte esta peligrosa falta de relevo generacional, por dos motivos principales: primero que, según los propios datos de la DGT, existen cerca de 253.000 conductores que cuentan con una licencia de conducir de categoría C y C+E  (que muchas de esas licencias están en manos de personas que no se dedican al transporte público por diversos motivos) de los que cerca del 32.000 tiene una edad entre 60 y 64 años y más de 40.000 entre 55 y 59 años, es decir, ceca del 30% estará en edad de retirarse en pocos años.

Un cóctel muy potente

A la hora de analizar las causas de esta falta de interés por una profesión que tradicionalmente ha sido todo lo contrario: refugio para muchos trabajadores provenientes de otras actividades, surgen varios motivos que ayudan a explicar, en parte, esta carencia.

En primer lugar, como ya se ha comentado, el transporte está inmerso, al igual que muchos otros sectores, en un proceso de precarización de las condiciones laborales, que, en este caso particular, se produce en un doble sentido: por un lado, las relaciones contractuales de las empresas de transporte con sus clientes, los cargadores, se basan en una posición de absoluto dominio de estos últimos imponiendo en muchos casos unos precios y condiciones que, a pesar de ser inadmisibles, no pueden ser  negociados por los transportistas, reduciendo el margen de rentabilidad de las empresas hasta la mínima expresión, cuando no situándolos en signo negativo.

Esta “guerra de precios” que sufre el sector repercute directamente a los conductores, en forma de bajadas de sueldo, contratos basura y falsos autónomos. Todo esto crea un entorno de trabajo y condiciones que no son las idóneas para atraer a nuevos trabajadores y solucionar la escasez de conductores.

En un segundo plano, esta falta de conductores se fundamenta en el envejecimiento de los trabajadores actuales, al tiempo que el sector se muestra incapaz de atraer a los jóvenes que deberían llevar a cabo el relevo generacional. ¿Por qué? Nuevamente nos encontramos con la precariedad laboral como desincentivador:

Pasar el día en la carretera, varias semanas fuera de casa, tener que trabajar días festivos, acarrear con la peligrosidad de intentos de robo y un salario en torno a los 1.400€ no parece un coctel demasiado atrayente para los jóvenes que acceden al mercado laboral. 

Pero a esto se suma otro factor importante: la formación requerida. Según el estudio realizado por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), el 40% de los profesionales encuestados coinciden en que la poca formación de los transportistas es la causa principal de la escasez de conductores.

Las empresas necesitan conductores formados que conozcan la profesión y su regulación, además de unas habilidades operativas que les permitan desenvolverse en diversos mercados europeos y en condiciones adversas.

La crisis sanitaria provocó una salida de conductores con experiencia tras el empeoramiento de las condiciones laborales y el cierre de centros de formación por las dificultades para abrir. Todo esto se traduce en una falta de habilidades dentro del sector, provocando insatisfacción de los clientes y mala imagen de las empresas.

Por todo ello, la formación se ha convertido en un recurso tan valioso, como escaso, que puede ser la principal clave en la recuperación de la brecha oferta-demanda de transportistas.

Proyectos piloto como el lanzado en Castilla y León para fomentar la empleabilidad en el sector, que sufraga hasta el 75% del coste de la obtención de los permisos C y C+E y del CAP,  podría ser un ejemplo a seguir en el resto de CC. AA.

La formación  reglada: una vía de entrada

La importancia que ha cobrado la falta de conductores profesionales y los efectos que podría generar a corto plazo, tienen su reflejo en que el pasado 2 de noviembre, AT, Academia del Transportista,  compareció ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con propuestas concretas para eliminar barreras de acceso a la profesión a través de la FP y facilitar la conciliación familiar de los conductores profesionales y transportistas.

Durante la comparecencia se consiguió que, por primera vez en una sesión parlamentaria, el protagonista único fuera el conductor profesional y el transportista. Y es un hito importante porque se permite poner en valor lo esencial que resulta su labor, lo ingrata que resulta por añadírsele actividades alejadas de su tarea de conducir y la carrera de obstáculos que supone el acceso a la profesión.

Desde ATE dejaron claro que el escollo de base ya empieza porque el transporte compite en desigualdad de condiciones para atraer el talento frente a otros sectores, porque la toma de decisiones vitales de los jóvenes para elegir una profesión se suele realizar a los 16 años y las barreras de acceso actuales en la formación profesional retrasan la edad posible a los 21 años, es decir, cuando ya estarían vinculados a otro sector.

Por eso, entre las principales peticiones del sector y de colectivos  implicados en la formación como las autoescuelas,  destacan  la necesidad de poner en valor los certificados de profesionalidad, instalar la obligatoriedad del permiso antes de empezar a cursar la formación profesional y adelantar la obtención de dicho permiso de conducción a los 18 años.

Efectivamente, no parece tener mucho sentido que en los dos años de formación profesional, que cursa el alumno no toque un volante, porque no puede disponer del carnet a los 18 años.

Por otro lado, la formación para ser conductor profesional, según denuncia la responsable de Formación de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ana Muñoz, cuesta “entre 5.000 y 7.000 euros a un adolescente de 17 años para acceder a un Certificado de Aptitud Profesional (CAP)” que no es suficiente para iniciar una carrera en el transporte por carretera.

En este sentido, recientemente se ha conocido el proyecto piloto lanzado en Castilla y León para fomentar la empleabilidad en el sector, sufragando hasta el 75% del coste de la obtención de los permisos C y C+E y del CAP. “Este modelo -añaden desde la patronal- podría ser un ejemplo a seguir en el resto de CC. AA. y, sin duda, ayudaría a atraer a los jóvenes y aquellas personas que están interesadas en la profesión, pero tienen dificultades para hacer frente a los gastos que implica”.

Más información en: Sector.