Más del 70% de los clientes de los transportistas incumplen los plazos de pago máximos previstos en la Ley de Morosidad, que podrían ser multados   una vez se apruebe la Ley  que prevé un régimen sancionador para la morosidad en transporte

 El sector del transporte por carretera  sigue padeciendo los efectos de una pandemia  que  se  reflejan  en el incremento de los costes de explotación, la caída de la demanda de transportes y, por si fuera poco,  un repunte significativo de los plazos de pago  que  sufren los transportistas a la hora de cobrar a sus clientes. En Febrero,  se observa que se mantiene el fuerte repunte en el período de pago que sufrió en meses anteriores, situándose en 87 días de media, el plazo de cobro,  con un importante crecimiento respecto al mes anterior que se situó en 83 días de media. 

El dato es aún mas significativo si lo comparamos con el periodo precovid, que se situaba en 78 días de media.  En términos interanuales, el plazo medio de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera en 2020 se situó en 84 días.

Igualmente preocupante es el número de empresas que supera la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio: este porcentaje ya alcanza al  el 71% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes en el mes de febrero. Esto quiere decir, que,  3 de cada 4 empresas clientes de los transportistas podrían ser sancionadas toda vez que se apruebe el proyecto de Ley  que  se tramita en el Parlamento para establecer un régimen sancionador a que aquellas empresas que paguen a sus transportistas por encima de ese plazo, el cual prevé multas de hasta 6.000 euros, que podrán incrementarse hasta los 18.000 euros en caso de reincidencia.

 Además en relación al importante porcentaje de clientes que incumplen los plazos legales máximos de pago, hay que destacar que de ellos un 65% pagan en plazos de pago superiores a los 90 días desde la prestación del servicio, obligando al transportista a adelantar el pago del IVA ante Hacienda sin que previamente hayan cobrado de la empresa cargadora o intermediario que le contrató.

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