El pacto suscrito este martes entre los grupos políticos rebaja el importe de las multas del régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera que había promovido por el Gobierno en base al acuerdo suscrito con las asociaciones del sector

Como se esperaba la sesión de este martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, se ha saldado con la aprobación del proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera, que en su día fue presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.  Sin embargo, la sesión  ha tenido un cierto sabor agridulce pues  el pacto alcanzado entre los diferentes Grupos Parlamentarios por el que introducen una enmienda transaccional al texto del proyecto de ley,rebaja de forma sustancial el importe de las multas inicialmente recogidas en el articulado  que fue remitido en su día por el Gobierno a las Cortes Generales en base al texto consensuado con las asociaciones del sector.

Las enmiendas presentadas en su día por PP y PDCat   han servido de fundamento para que se haya alcanzado un acuerdo de los diferentes Grupos Parlamentarios, incluidos el PSOE y Podemos que sustentan al Gobierno, para rebajar tanto la graduación de las sanciones como el importe de las multas que recogía el proyecto inicial, lo que supone un incumplimiento de los acuerdos suscritos en su día entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas.

La enmienda aprobada prevé dos tipos sancionadores distintos en función el precio del transporte facturado, de tal modo que cuando no supere el importe de 3000 euros, la infracción no se considerará muy grave, reduciendo en consecuencia la cuantía de la multa en algunos casos a más de la mitad de la cuantía inicialmente propuesta.

 

Así, a diferencia del texto original que preveía un único tipo infractor y en consecuencia una única sanción muy grave, la enmienda aprobada prevé dos tipos sancionadores distintos en función el precio del transporte facturado, de tal modo que cuando no supere el importe de 3000 euros, la infracción no se considerará muy grave, reduciendo en consecuencia la cuantía de la multa en algunos casos a más de la mitad de la cuantía inicialmente propuesta.

Una  vez aprobado este martes el texto legal con las enmiendas introducidas en la   Comisión de Transportes del Congreso, al tener competencia legislativa plena, el proyecto de ley pasa directamente al Senado para su tramitación y aprobación final, por lo que se espera que la nueva ley sea una realidad en las próximas semanas.

La importancia que tiene la  implantación de un régimen sancionador para los incumplimientos de los plazos de pago previstos en la Ley de Morosidad, se evidencia  sólo con echar mano a los datos recogidos por el Observatorio de la Morosidad, según el cual  en torno a dos terceras partes de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, habiéndose acentuado dicha situación durante la pandemia, como lo demuestra el hecho de que el plazo medio de pago en 2020 se situó en más de 80 días de media.

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