La actuación inspectora  sobre estas empresas, que ya venía realizándose en 2016, se intensificará controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras


Parece que por fin el Ministerio de Fomento ha decidido combatir uno de los fenómenos que mayor competencia desleal genera en el sector del transporte de mercancías por carretera. Nos referimos al control del Dumping Social, como consecuencia del proceso de deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia los países principalmente del Este de Europa. Dicha actuación inspectora ya se ha venido desarrollando en este año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, si bien se intensificará en 2017, controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras.

Así al menos figura en la presentación que el Ministerio de Fomento ha realizado a las asociaciones de transportistas del Plan Nacional de inspección para el sector del transporte por carretera para el año 2017 este miércoles 30 de noviembre.
La presentación del Plan ha correspondido a la Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, acompañada de los responsables de inspección de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
Desde Fomento señalan, algo tarde, que “el descenso de la actividad económica originada por la crisis, ha generado una mayor economía sumergida y competencia desleal, que hacen necesario reforzar las medidas de control y erradicar dichas conductas anómalas”. Y pone el foco en el control del Dumping Social, señalando directamente a aquellas empresas que han “abrazado” la deslocalización hacia los países principalmente del Este de Europa en busca de costes laborales mucho menores.
El Plan diseñado por Fomento también prevé actuaciones de control sobre otras conductas infractoras como ofertar como intermediarios servicios de transporte en diferentes medios, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización, además de continuar con el control de otras infracciones muy extendidas entre las que destacan la utilización inadecuada de los tractores agrícolas para la realización de transporte público de forma irregular o el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 417.542 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo.
Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisar al menos 2.818.409 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera.
Como aspectos novedosos en el próximo ejercicio se intensificará el control sobre algunas infracciones detectadas en los últimos meses con especial incidencia, como el transporte realizado por vehículos de menos de 3’5 toneladas procedentes de terceros países, al detectarse un aumento considerable de irregularidades en este tipo de vehículos o la inspección de los cursos de formación CAP, sobre todo en los de formación continua ante las posibles irregularidades que se están dando.
También se hará un especial control sobre el posible uso fraudulento que se está llevando a cabo en la utilización del certificado de actividades por parte de algunas empresas transportistas.
En el capítulo de tiempos de trabajo y uso del tacógrafo, se prevé intensificar los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros.
Desde Fomento recuerdan que conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros.
Con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
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