El Tribunal Supremo estimó hace un año los recursos presentados contra la estrategia de Hacienda que pretendía negar la “responsabilidad patrimonial” de las cantidades cobradas indebidamente entre los años 2002 y 2009

Hace ahora exactamente un año que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estimaba los primeros recursos relacionados con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como 'céntimo sanitario'. Hacienda no sólo estuvo recaudando durante años, concretamente entre el 2002 y el 2012 un impuesto ilegal, sino que denegó injustamente su devolución. Ahora, Hacienda acaba de ordenar el pago a los afectados y ha comenzado a contactarles para informarles del ingreso de la devolución.

El origen de las reclamaciones está de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de febrero de 2014 que declaró que la Ley que autorizaba dicho impuesto era contraria a la una directiva europea.

Tras esta sentencia, Hacienda decidió restringir las reclamaciones de las empresas correspondientes al periodo entre 2010 y 2012, fecha en la que se derogó el impuesto, puesto que desde el Gobierno se defendió la tesis de que los ejercicios anteriores, es decir, entre 2002 y 2009, sobre los que supuestamente el ejecutivo tenía que responder por “responsabilidad patrimonial”, había prescrito según su interpretación de la Ley General Tributaria.

Sin embargo, las empresas de transporte afectadas no cedieron y siguieron adelante con las reclamaciones, en un número que se estima que superaban las 4.000. El Gobierno pretendía rebajar la cuantía de las devoluciones, amparándose en la prescripción de 9.176 millones, pero el Tribunal de Luxemburgo había reconocido en su sentencia la retroactividad del fallo porque el Gobierno no había obrado de buena fe al mantener este impuesto durante más de diez años, no habiendo hecho caso a varias sentencias y dictámenes anteriores

Finalmente, en enero de 2016, el Supremo dio la razón a las miles de reclamaciones presentadas, lo que obligaba al Estado a devolver el total de lo recaudado ilegalmente, que podría elevar la cuantía hasta los 13.000 millones de euros.

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