El caso recientemente descubierto por la inspección de trabajo de Navarra, que atribuye a la empresa de transportes Lodisna la utilización masiva de “falsos autónomos” en los últimos cuatro años, viene a confirmar que el transporte de mercancías por carretera es, a día de hoy, uno de los sectores “refugio” para este tipo de prácticas fraudulentas.

La tentación que supone para muchas empresas reducir los costes laborales que soportan ha llevado en los últimos años a la proliferación de una figura que conocemos como “falso autónomo”, aquel trabajador que debería estar inscrito como asalariado, por la naturaleza de su relación laboral con la empresa, pero que es empleado como supuesto autónomo.

La proliferación de esta figura “laboral” de dudoso encaje ha cobrado más relevancia en los últimos años con la aparición de las llamadas plataformas colaborativas que han aparecido en muchos sectores, aunque con especial relevancia en el de los servicios a  domicilio de todo tipo de mercancías.

Obviamente, este fenómeno no ha pasado inadvertido para los servicios de inspección de trabajo. Juan Granjel, director de la Oficina  Nacional de Lucha contra el Fraude dependiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, afirmó recientemente durante la Jornada “Plataformas Digitales y Nuevas Tendencias” organizada por la patronal del sector logístico UNO, que ya “se han regularizado más de 18.000 falsos autónomos y, en lo que llevamos de 2019, estamos en línea con esta cifra. Incluso va mejorando”.

Basta recordar que, antes de ponerse en marcha este plan, el total de regularizaciones era aproximadamente de nueve veces menor, unas 2.000 en 2017. No obstante, según el INE las cifras distan mucho del total de empleados que sufren esta irregularidad que podría rondar los 220.000 falsos autónomos.

 

Lodisna, la punta del Iceberg


La noticia publicada por el Diario de Navarra ha caído como un jarro de agua fría en el sector, y supone todo un catálogo de cómo algunas empresas montan todo un entramado empresarial destinado a rebajar sus costes, principalmente salariales, lo que les permite ofertar unos precios de servicio a los que el resto de empresas no es capaz de acercarse, posibilitando lo que conocemos como una “competencia desleal” con el resto de empresas.

Eso sí, el expediente, a fecha de cierre de esta publicación está pendiente de resolución judicial, por lo que será el Juzgado de lo Social quien dictaminará si los empleados estaban bien o mal encasillados en la Seguridad Social. Las magnitudes de esta “irregularidad”, destapada por la investigación llevada a cabo por los servicios de Inspección de Trabajo de Navarra y la Policía Foral, es enorme: en los últimos cuatro años, la Ley no permite remontarse más, ha descubierto la presencia de 1.561 falsos autónomos, entre los que se encontraban numerosos trabajadores rumanos que llegaban desde de su país para trabajar durante unos meses, lo que explicaría la enorme rotación de trabajadores en la empresa (unos 400 al año)

Se trataría, por tanto, de un fraude por tributación inadecuada de unos trabajadores por el que la inspección de Trabajo le reclama 4,3 milllones de euros en cuotas no abonadas por estos trabajadores, que deberían haber sido contratados como conductores asalariados.

 

Falsas cooperativas en juego

 

Lamentablemente, aquí vuelve a aparecer otra de las “patas” en las que se asienta la competencia desleal, tanto en este sector como en otros, como el cárnico. Nos referimos a la participación de las llamadas “falsas cooperativas” de trabajo asociado.

Según la información publicada por el Diario de Navarra, en este caso los trabajadores pertenecían supuestamente a la cooperativa Urbiola, con sede en Pamplona y que, según aparece en su escueta página web, cuenta con 133 asociados y 74 tractoras. Parece deducirse que una cooperativa en la que la práctica totalidad de sus camiones trabajan para el mismo cliente, como es el caso, la inspección de trabajo considera que se trata de una cooperativa creada exprofeso para “alimentar” de trabajadores a Lodisna.

En los casos de falsas cooperativas de transporte desmontadas hasta ahora hay dos vertientes: bien aquellas que la cooperativa pertenece directamente a una empresa que trabaja para la empresa transportista y que es la encargada de alquilar los vehículos a los propios cooperativistas (que luego, junto con el resto de gastos, se les descuenta de lo facturado) y otra, como es este caso, la empresa de transportes que, directamente meten sus camiones en la cooperativa, para evitar así pagar la Seguridad Social.

 

“Estaría bien saber -afirma Jose Antonio Moliner- quién le ha firmado a esa cooperativa los leasing para que le den 200 camiones. ¿De donde sale el capital?” “Quizás habría que preguntárselo al señor Arroqui”, fundador de Lodisna en el año 2007 y desde 2016 desvinculado de la misma, tras vendérsela a un fondo de inversión.

José Antonio Moliner, presidente de TRADIME, una de las organizaciones de transporte más beligerante con este tipo de prácticas e impulsora de varias campañas contra la competencia desleal, afirma que los chóferes,”muchos de ellos sin apenas saber hablar español, eran embaucados bajo la promesa de ser contratados como chóferes (asalariados) en Lodisna, cuando la realidad era que firmaban con la cooperativa (con el consiguiente coste que se cobra por ser socio cooperativista) y pasaban a ser autónomos emprendedores cotizando por una tarifa plana de 50 euros al mes”.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la inspección de trabajo, al menos 200 de estos trabajadores han cambiado su státus pasando a ser trabajadores asalariados de Lodisna (pese a que la empresa no reconoce ninguna relación contractual) y disolviendo la cooperativa.

 

sentencia falsas cooperativas

SENTENCIA QUE DESCRIBE EL "MODUS OPERANDI"

La sentencia del juzgado de lo social 2 de Elche de 25 de noviembre de 2015, autos 295/2015, analizó el caso de un socio de una cooperativa de trabajó asociado y en su exposición nos deja una descripción que encaja perfectamente con muchos casos conocidos: “Si la cooperativa carece de la más mínima estructura material u organizativa, y su intervención se limita solamente a aportar la titularidad de la tarjeta de transporte y formalizar un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa del mismo sector que es la propietaria de los vehículos, y es esta empresa la que dispone de los clientes, la que organiza el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos, hasta el punto de que trata directamente con los conductores sin la intermediación de la cooperativa, estaríamos ante una actuación interpuesta que simplemente busca facilitar la mano de obra para ponerla a disposición de la empresa transportista con la intención de eludir las exigencias que impone el art. 1.3.g) ET para excluir del ámbito laboral la prestación de servicios de transporte". El texto de la sentencia no puede ser más esclarecedor.

 

De 50 a 800 euros de cotización por trabajador


El presidente de Tradime aclara que el beneficio económico es obvio en este tipo de fraudes. “En primer lugar -afirma Moliner- en el apartado de aportaciones a la Seguridad Social (SS), un beneficio de aproximadamente un 60% en comparación con cualquier otra empresa de transporte acogida al Régimen General. En segundo lugar, los nulos derechos sociales y sindicales de la plantilla de conductores, de ahí que una empresa con 200 camiones haya utilizado 1.581 conductores en cuatro años; lo más parecido a un gueto esclavista”.

Y lo cierto es que, emplear a falsos autónomos cooperativistas que se pagan sus propias cotizaciones a la Seguridad Social, más en estos casos que cotizan como beneficiarios de una tarifa plana de 50 euros, permite a la empresa ahorrarse cerca de 800 euros por cada trabajador, con lo que es capaz de ofrecer unas condiciones a las que otras empresas difícilmente pueden llegar, si no es trabajando por debajo de costes.

 

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