Para CETM sería más coherente aplicar una política de reducción de gastos en proyectos faraónicos e innecesarios tales como líneas AVE que nadie utiliza o aeropuertos fantasmas

La afirmación,  no proviene  de fuentes “infundadas”. Todo lo contrario, pues ha sido el propio Ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha deslizado la propuesta, de cara a cumplir con los compromisos de déficit con Bruselas en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la implantación de la euroviñeta, entre otras medidas adicionales. Como se recordará, la conocida como “euroviñeta”, que ya funciona en otros países se trata de una tasa que se aplicaría  solo a los vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas, por el uso de las infraestructuras, calificada  incluso por el ejecutivo en la legislatura anterior como “una medida discriminatoria”.

Las palabras de De Guindos, recogidas por El economista, que junto a la Euroviñeta cita “la fiscalidad verde, los impuestos especiales”, así como “una reforma del Impuesto de Sociedades para eliminar deducciones a las grandes empresas con el fin de equipar la tributación de éstas con las de las pymes, como medidas especiales para mantener el crecimiento y cumplir con los objetivos  impuestos desde  Bruselas, han tenido una rápida respuesta desde diversas asociaciones del sector del transporte por carretera.

Así, CETM responde al anuncio del ministro de Economía, argumentando que el transporte  “es paradójicamente uno de los sectores de actividad que mayores cargas fiscales y sociales soporta, por lo que la aplicación de nuevos impuestos sobre nuestra actividad sería una grave injusticia”.

Tampoco parecen muy de acuerdo en que la hipotética  recaudación resultante de la aplicación de una medida como ésta se pudiera “utilizar para promocionar y subvencionar otros modos de transporte menos eficientes que competirían con la carretera en situación de ventaja”.

Sobre la eficacia de esta medida también se han sembrado tradicionalmente serias dudas, ya que se temen los “efectos perjudiciales inmediatos en la competitividad de toda la economía española”, así como “ las consecuencias inflacionistas” debido al incremento  en el  precio final de todos los productos, “reduciéndose el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual lastraría el consumo, factor clave para una recuperación económica definitiva”.

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