Constata el escaso control a los transportistas extranjeros en operaciones de cabotaje  y  la práctica generalizada  de recurrir a “sociedades ficticias” radicadas en Estados miembros con bajos niveles de protección y normas laborales y sociales diferentes.

A requerimiento de la Presidencia del Consejo Europeo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha elaborado un Dictamen bajo el título “El mercado interior del transporte internacional por carretera: dumping social y cabotaje”, en el que tras hacer un análisis detallado sobre la situación actual del transporte internacional por carretera en la Unión Europea, reitera su apoyo al objetivo de la Comisión Europea de luchar contra el dumping social y la necesidad de aprobar medidas preventivas contra dichas prácticas.

El Comité Europeo  señala como “urgente” la  necesidad de actuar a escala de la Unión Europea, dando prioridad a la plena cooperación entre las inspecciones laborales y las autoridades de vigilancia del transporte por carretera en los Estados miembro de la Unión Europea, para mejorar el cumplimiento transfronterizo y combatir el abuso o el fraude.

Tras realizar una  ajustada definición de lo que el Comité Europeo entiende por  dumping social,  entendido éste como aquellas “prácticas que pretenden mediante sociedades ficticias eludir las normas de acceso al mercado o que son contrarias a tal normativa con el objetivo de obtener ventajas competitivas”,  el CESE  pone de relieve que en el caso de los transportistas de Europa Occidental, el coste del trabajo constituye, con mucho, la parte más importante de sus costes de explotación. Por el contrario, en el caso de las empresas radicadas en Europa Central y en los países del Este, el mayor coste medio es el combustible. Esta diferente estructura de costes es aprovechada por algunos transportistas de la Europa occidental utilizando “mano de obra con bajos salarios”, mediante el desarrollo de regímenes de empleo complejos y ambiguos, aprovechando el carácter transfronterizo y la gran movilidad del sector, y recurriendo a “sociedades ficticias” radicadas en Estados miembros con bajos niveles de protección y normas laborales y sociales diferentes.

Otra de las cuestiones resaltadas en el dictamen emitido por el CESE es la dificultad de cumplir y controlar el transporte nacional realizado por transportistas extranjeros (cabotaje), debido fundamentalmente a que  las normas de acceso al mercado no hacen sencillo el cumplimiento, lo que ha provocado “un bajo índice de controles, tanto en carretera como en las instalaciones de las empresas”.

En este sentido, como denunció FENADISMER hace unos días, resulta preocupante el escaso control en carretera a los transportistas extranjeros que operan en España, que no alcanza el 5% del total de controles realizados, según ha reconocido la propia Guardia Civil de Tráfico, pese a que el 50% del transporte con origen o destino en España es realizado por transportistas no residentes, de los cuales la mitad proceden de países del Este de Europa.

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