Puede ser sólo una rareza, un caso aislado, o el origen de una cascada de demandas, pero ya se ha producido la primera sentencia que declara que imponer a los transportistas precios por debajo de costes es un acto de competencia desleal y por tanto ilegal, según nuestro ordenamiento jurídico, y ahora, también según el tribunal Supremo.

La sentencia desestimatoria del recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora, que pone fin a un proceso iniciado en 2008, considera competencia desleal la imposición de precios a los transportistas por debajo de costes.

En represalia de lo que se estaba realizando, a finales de 2008 echaron a todos los transportistas autónomos, pertenecientes a las cooperativas de transportistas Cotranco y San Cristóbal, que trabajaban en la fábrica

 


Actualmente las necesidades de transporte de la multinacional Cunext Copper, están siendo cubiertas por trabajadores autónomos que siguen cobrando en torno a 0.70 euros el kilómetro, cuando en enero de este año, el observatorio de costes para la provincia marcaba una tarifa de 1,23 euros el kilómetro.

El Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 29 de Febrero de 2012, que confirma el fallo dictado en su día por la Audiencia Provincial de Córdoba, resuelve afirmativamente la demanda planteada en su día por la asociación federada USINTRA contra la multinacional fabricante de cobre Cunext Copper Industries. En dicha sentencia se condena de forma expresa a la empresa Cunext por “la conducta de la demandada de imponer a los transportistas precios de transporte por debajo de coste y al negarse a retribuirles por los tiempos de espera y los cambios de ruta” obligando a la empresa “a cesar en la mencionada conducta”.

Rafael Perales, presidente de Usintra,   comenta que este cargador aprovechaba las concisiones socioeconómicas de la provincia de córdoba, que cuenta con muy poca industria, para imponer unas condiciones “leoninas”. “no sólo imponía unas tarifas que iban al 50% de lo que marca el observatorio de costes, sino que además pagaba a 100 ó 110 días, tenían que realizar interminables esperas para cargar y descargar, etc”. asegura Perales. Eso fue lo que motivó la iniciativa de demandarles.

“Para ello- comenta Rafael Perales-estuvimos revisando sentencias parecidas, aunque referentes a otros gremios, en EE.UU y Sudamérica. Para ver cómo se articulaban estas denuncias contra la competencia desleal. Incluso pedimos un informe a la Cátedra de derecho mercantil de Córdoba, para ver si nuestra tesis era viable”.

 

Desestimada en primera instancia

La primera demanda fue desestimada por completo por el juez, ante lo que decidieron recurrir la sentencia en apelación en la sección tercera del juzgado provincial quien estimo por completo la demanda, anulando las cláusulas por las cuales se pagaban esos precios y declarando como competencia desleal la imposición de precios por debajo de costes, con la amenaza, además, de romper las relaciones comerciales. Posteriormente vendrían los recursos pertinentes de la empresa cargadora, pero uno a uno, hasta este último de casación, fueron desestimados, confirmando el tribunal Supremo la sentencia en todos sus términos.

Las consecuencias para este grupo de transportistas adscritos a ambas cooperativas no se hizo esperar, pues las negociaciones con la fábrica fueron totalmente infructuosas. “De hecho, en represalia de lo que se estaba realizando, a finales de 2008 echaron a todos los transportistas autónomos, pertenecientes a las cooperativas de transportistas Cotranco y San Cristóbal, que trabajaban en la fábrica”.

Como se recordará, más de 150 transportistas cordobeses estuvieron movilizándose durante más de un mes en el año 2008 frente a la sede de la multinacional ante su actitud que, lejos de acatar dicho fallo y cumplir la sentencia, decidió despedir a más de un centenar de transportistas cordobeses que operaban en dicha fábrica, lo que obligó a la Junta de Andalucía a intervenir para desbloquear la situación.

Poco tiempo después el 50% de una de las cooperativas tuvo que cesar en la actividad, la otra cooperativa se dividió en dos y la gran mayoría de ellos han tenido que buscar trabajo fuera de la provincia.

A través de sus representates legales, los trabajadores pretenden volver a ser contratados en la fábrica, ya que, según explica el presidente de la asociación provincial de córdoba Usintra, “la sentencia obliga a la fábrica a cesar en esa conducta de competencia desleal, por lo que para cumplir con ese mandato entendemos que tendría que devolver el puesto a los trabajadores autónomos”.

Según esta asociación, actualmente, las necesidades de transporte de la multinacional Cunext Copper, están siendo cubiertas por trabajadores autónomos “que siguen siendo objeto de los mismos problemas con la empresa”, “Hoy por hoy-señala Rafael Perales- se está cobrando en torno a 0.70 euros el kilómetro, cuando en enero de este año, el observatorio de costes para la provincia marcaba una tarifa de 1,23 euros el kilómetro”.

Esta asociación ya ha recibido muchas llamadas interesándose por el caso, y podría servir de acicate a otras asociaciones, empresas, etc, para reclamar por la misma vía, pues el problema no se circunscribe a una provincia determinada sino que se trata de una constante en todo el territorio nacional.

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Jorge Somoza Martín

Secretario Técnico de FETRANSA


 

“El tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, sus resoluciones son fuente de jurisprudencia"

"FETRANSA considera esta Sentencia del Tribunal Supremo como un referente para el cese de las prácticas generalizadas que las empresas cargadoras y operadores de transporte imponen a los transportistas autónomos y sobre, todo, para que se lleven a cabo las reformas normativas necesarias a fin de poder impedir que se produzcan los abusos que se producen hoy en día en el incumplimiento de los `plazos máximos de pago, en la prestación de los servicios por debajo de costes y en la ausencia de la aplicación de la clausula de revisión del carburante. No hay que olvidar que el tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, sus resoluciones son fuente de jurisprudencia" (Jorge Somoza Martín, Secretario Técnico de FETRANSA).

 

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