La patronal de los operadores logísticos  afirma que el sector ya ha destruido más de 40.000 puestos de trabajo (5% de los empleos), pasando de 938.000 afiliados a 895.000 y Casi 140.000 trabajadores, el 15% de la fuerza la fuerza laboral, están afectados por ERTEs
 
Según los datos  que maneja la  Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO,  el 20% del empleo del sector de la logística y el transporte estaría  afectado ya por esta crisis, habiéndose recortado el número de afiliados en un 5%, es decir, algo más de 40.000 empleos han desaparecido. A esta pérdida que ya se habría producido, hay que sumar los más de 135.000 puestos de trabajo que están afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs),  y que, en el mejor de los casos,  no se sabe qué va a pasar con ellos en el futuro.
Entre las causas que están provocando  este fuerte impacto en un sector que, como apunta el presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, “ha pasado de ser uno de lo sectores que más empleo generaba en España a estar entre los que destruyen más puestos de trabajo” hay que buscarlo en  su “fuerte exposición a actividades que siguen prácticamente inactivas”. “En concreto, citan desde UNO, la cadena de suministro de grandes volúmenes (B2B) ha caído prácticamente a la mitad y “la reactivación se está produciendo de forma más lenta de lo esperado”.

En este contexto, desde esta organización  logística ven imprescindible abordar una serie de medidas que, en primer lugar, pasan por  que se permita ampliar las bonificaciones de los ERTEs de fuerza mayor hasta, al menos, el 31 de diciembre de este año con el objetivo de que las empresas puedan mantener la exoneración de las cotizaciones sociales y se mantengan en suspenso esos miles de empleos antes que tener que eliminarlos, “porque los problemas de inactividad de las empresas no van a cesar por decreto el 30 de junio. Vamos a necesitar muchos meses hasta que se normalice la actividad productiva”, señala el presidente de UNO.  En este sentido, Aranda ha afirmado que “entendemos los motivos de salud que obligaron al Ejecutivo a decretar el parón en la actividad económica, pero también debe entender que tiene que ayudar a las empresas en la desescalada”.

Otra de las peticiones lanzadas al Ejecutivo desde UNO pasa por recuperar el llamado contrato para lanzamiento de nueva actividad (de tres años) o extender el contrato eventual por circunstancias de la producción al menos a 24 meses, al mismo tiempo que solicitan que en las nuevas contrataciones se bonifiquen un 100% las cotizaciones sociales durante el primer año y un 75% el segundo, como medida activadora del empleo.

Por último, la patronal UNO sostiene que es esencial que se elimine cuanto antes, para dotar de cierta certidumbre a las empresas, la obligación impuesta por el Gobierno de no poder despedir para poder acogerse a la bonificación de las cotizaciones sociales de los ERTEs de fuerza mayor. “Esta es una condición trampa que puede llevar a la quiebra a muchas empresas de tamaño mediano”, han puntualizado.   
 
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