La Comisión ha decidido tomar acciones legales contra Francia y Alemania al considerar que la aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional no puede justificarse, ya que crea barreras administrativas desproporcionadas
Se esperaba la reacción de la Comisión Europea, después de que las presiones ejercidas desde buena parte de las asociaciones profesionales de varios países, entre ellos España, en referencia a la aplicación de la legislación sobre el salario mínimo para las operaciones de transporte, aprobado de forma unilateral primero por Alemania y recientemente por Francia. Y ésta no se ha hecho esperar. Tal y como informa la Comisión en una nota de prensa ayer mismo, ha decidido tomar acciones legales contra Francia y Alemania debido a las consecuencias de la aplicación de sus respectivas leyes de salario mínimo para el sector del transporte por carretera.
Según reza el comunicado, pese a que afirma que desde la Comisión se apoya el principio de un salario mínimo, “considera que la aplicación sistemática de la legislación sobre el salario mínimo por parte de los estados francés y alemán para todas las operaciones de transporte, restringe de forma desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías”.
Después de un intercambio de información con las autoridades francesas y una evaluación jurídica exhaustiva de la legislación francesa aplicable, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Francia, que es el paso previo a un procedimiento de infracción.
Tampoco se ha librado Alemania, que ya estaba inmersa en un procedimiento de infracción, iniciado en mayo de 2015 por el mismo tema, aunque paralizado en los últimos meses. Ahora, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a las autoridades alemanas, que sirve como continuación del procedimiento ya en curso, y que se produce tras mantener extensas conversaciones con las autoridades alemanas con el fin de llegar a una solución amistosa. Sin embargo, ni la respuesta de las autoridades alemanas a la carta de emplazamiento ni las discusiones posteriores han disipado las principales preocupaciones de la Comisión.
En ambos casos, la Comisión considera que la aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional (no de cabotaje), no puede justificarse, ya que crea barreras administrativas desproporcionadas, que impiden que el correcto funcionamiento del mercado de la Unión.
Los gobiernos francés y alemán, tienen ahora dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión.
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